México DF.- Hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el segundo amparo por posesión de vehículo robado en el caso de Israel Arzate Meléndez, a quien ordenaron liberar el pasado 6 de enero de 2013, luego de que se reconoció su inocencia ante la lamentable masacre de 2010, donde asesinaron a 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez.
En este contexto diversos organismos internacionales de derechos humanos hicieron llegar argumentos legales a la SCJN para exigir justicia para Israel.
Human Rights Watch (HRW), organización internacional no gubernamental, documentó el caso de Israel en 2011 en su informe sobre México Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico”. Ahora, HRW entregó un documento legal en calidad de amicus curiae (“amigo del Tribunal”) a la SCJN, destacando la obligación constitucional e internacional de no otorgar valor probatorio a pruebas obtenidas directa- o indirectamente bajo tortura.
En el documento, HRW señala que “la confesión en este caso debió haber sido inadmitida desde el principio, por haber sido obtenida violando los derechos constitucionales de la persona acusada. Adicionalmente, es necesario excluir tales pruebas de todo proceso penal para garantizar la integridad del mismo, ya que una confesión coaccionada bajo tortura, en las palabras de la CoIDH, no suele ser veraz. Es decir, no es un caso simplemente de violaciones procesales, sino del enjuiciamiento de una persona que nada tenía que ver con los hechos contenidos en la confesión, tal y como ha afirmado Israel desde su primera audiencia judicial”.
Por otra parte, HRW considera que el caso de Israel Arzate representa un momento crucial para que la SCJN vele por la correcta implementación del sistema penal oral y acusatorio, al considerar que se trata de un “caso pionero en el nuevo sistema penal”. Recuerda que uno de “los ejes rectores y motivos para transitar al nuevo sistema” es “garantizar que en lugar de procesar a personas con base en pruebas coaccionadas y muchas veces falsas, el sistema de procuración y administración de justicia se base en pruebas lícitas y confiables a la hora de privar de la libertad, procesar y posiblemente condenar penalmente a una persona.”
Por otra parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también hizo llegar un documento a la Suprema Corte en donde resalta los estándares y derechos internacionalmente reconocidos más aplicables al caso de Israel, según los tratados de derechos humanos de los que el Estado es parte.
Cabe recordar, que la OACNUDH documentó el caso de Israel mediante una serie de visitas a Ciudad Juárez, y en marzo de 2012 expresó que “Es un hecho probado que fue sometido a torturas por parte de miembros del Ejército para obtener su confesión autoincriminatoria”, recordando además que lo anterior ha sido acreditado fehacientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Otro órgano de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, ya había examinado el caso: en febrero de 2012 declaró que la detención de Israel fue arbitraria y exigió al Estado mexicano que lo pusiera en libertad inmediatamente.
Los argumentos aportados a favor de Israel por parte de estos reconocidos organismos internacionales se suman al apoyo cada vez más amplio hacia Israel de parte de la sociedad mexicana. Confiamos en que la y los Ministros de la SCJN resolverán conforme a derecho, disponiendo la libertad inmediata e incondicional de Israel Arzate, y dejando en claro que no existen pruebas que pudieran dar lugar a proceso alguno en su contra por los hechos de los que se le acusa.