Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF.– En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) emitió un comunicado en el que dio a conocer que las mujeres que se encuentran confinadas —y que representan únicamente 5 por ciento de la población total en reclusión— son constantemente víctimas de “detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, criminalización por ejercer sus derechos reproductivos, entre otros”.
Al día de hoy, existen en nuestro país 12 mil 331 mujeres privadas de su libertad en centros de reinserción/readaptación social, sin embargo, éstos no son operados con una perspectiva de género ni propician las condiciones requeridas para atender las necesidades específicas de las mujeres, ya que aunque las internas están bajo la custodia del Estado, éste no les garantiza una vida libre de violencia y discriminación, señaló Asilegal.
Pese a que organizaciones internacionales han pedido al gobierno mexicano que incluya dentro de sus políticas penitenciarias una perspectiva de género, éste ha hecho caso omiso a lo anterior; prueba de ello es que en el último Examen Periódico Universal (EPU) que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le realizó a México en octubre pasado, Nueva Zelanda recomendó poner un alto a la violencia de género hacia mujeres y niñas, incluyendo a las mujeres en situación de cárcel.
Es del conocimiento del gobierno mexicano que existe un marco normativo internacional donde se reconoce la condición especial de las mujeres privadas de libertad, en el que se establecen reglas específicas aplicables en los sistemas penitenciarios.
Dichas reglas incluyen “la separación entre hombres y mujeres, el no acceso de personal masculino al área femenil en caso de no ser acompañado por una mujer, la vigilancia (…) por parte de personal femenil, la obligación del Estado a proporcionar un servicio de salud específico para el tratamiento de las mujeres embarazadas (…)”, puntualizó el comunicado.
Finalmente la organización defensora instó al gobierno a que incluya dentro de su agenda política que garanticen los derechos de las mujeres reclusas, pues el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) —firmado y ratificado por México— menciona en su décimo artículo que es obligación de los Estados que toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente a la humanidad.
Mujeres mexicanas privadas de la libertad
Es preciso mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó en junio de este año un informe especial sobre el estado de los derechos humanos de las mujeres en centros de reclusión, el cual es resultado de las visitas de observación que realizaron miembros de la CNDH a los reclusorios femeniles que hay en nuestro país.
En el escrito se destaca que de los 418 centros de reinserción social, sólo 10 están destinados a las mujeres y que en estos se encuentran alrededor de 4 mil reclusas, lo que quiere decir que casi 9 mil mujeres privadas de su libertad están ubicadas en reclusorios varoniles o mixtos. Otro dato importante es que hay casi 290 mujeres indígenas en algún centro penitenciario.
Durante las visitas de observación la CNDH informó que existe extrema sobrepoblación, además de que hay más de 300 personas menores de edad que viven en prisión con sus madres. De igual forma en todos los centros faltan espacios educativos y de capacitación, recreativos, artísticos, deportivos, médicos y laborales.
También se constató en el informe que las condiciones de higiene de las instalaciones, alimentos, agua y servicios médicos son de mala calidad. Se informó que las mujeres reclusas comentaron que son víctimas de procedimientos sancionarios rigurosos que violentan su integridad física y psicológica.