México DF.- Durante los casi tres años que lleva Ángel Aguirre Rivero al frente del Gobierno del estado de Guerrero, se tienen contabilizadas las muertes de 13 activistas sociales. En todos los casos hay aparentes muestras de tortura, sin embargo, ninguno de los crímenes ha sido resuelto.
Un caso que atrajo la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos es el hostigamiento constante a integrantes de la Unión Popular (UP), además del secuestro de ocho miembros y el posterior asesinato de tres de ellos: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, ocurrido el 30 de mayo del presente año.
Miembros de la Red Solidaria Década contra la Impunidad así como del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) han expresado su preocupación por este caso, ya que sobrevivientes les han comentado que dentro de los presuntos responsables se encuentran funcionarios públicos de Iguala, Guerrero. Además, las amenazas por parte de éstos se han extendido hacia los familiares de las víctimas e incluso hacia defensores de derechos humanos implicados.
Después de haber sido encontrados los cuerpos de los tres activistas, miembros de ambas organizaciones tomaron las instalaciones del ayuntamiento de Iguala para exigir que se esclarecieran los hechos, sin embargo, no han tenido respuesta. Por el contrario, han sido criminalizados por haber incurrido en daños a la propiedad pública.
Es por ello, que ambas organizaciones hicieron un llamado, a través de un comunicado, a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga el caso e inicie la averiguación previa correspondiente, pues pese a que se levantó la denuncia ante las autoridades locales, ésta no ha tenido el debido seguimiento.
También se pidió que se garantice la seguridad tanto de la viuda del Arturo Hernández, así como a familiares tanto de él como de los otros dos defensores muertos. Además, se emitió una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que se proteja al defensor Bertoldo Martínez, líder del FODEG.
Más casos de defensores
Es preciso recordar que el pasado 10 de noviembre fueron asesinados Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) junto con su esposa, Lilia Gatica Rómulo. Olivares había sido advertido una semana antes, tras el asesinato de su primo David Romero, pues junto a él había dejado una cartulina amenazándolo.
El 19 de octubre, la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) también fue privada de la vida en Atoya. La misma suerte corrió Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez) fue asesinado junto con su sobrino en agosto de este año.
Otros activistas que perdieron la vida en 2012, son Francisco Piedragil Ayala, dirigente de cafetaleros en la Costa Grande; la campesina ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Mojica. Y en 2011 fueron asesinados los campesinos Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.