Por Olivia Vázquez Herrera
San José, Costa Rica.- Después de casi 15 años de haber sido abierto el caso de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre —quienes fueron condenados en 1997 por portación de armas exclusivas del Ejército—, el Estado mexicano firmó un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el cual reconoce, por primera vez, irregularidades en los procesos debido a las torturas a las que fueron sometidos ambos indígenas para obtener las confesiones incriminatorias.
De acuerdo a un comunicado emitido por Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (Sliej), Abogadas y Abogados por la Justicia (Ajdh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Estado mexicano reconoció que existieron múltiples irregularidades en los casos de Juan y Santiago, además aceptó su responsabilidad por las violaciones a los derechos de libertad e integridad personal así como a la protección y garantías judiciales; y se comprometió a reparar “integralmente el daño causado a las víctimas así como a investigar los hechos de tortura”.
El caso fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2000 debido a la falta de pruebas que incriminaran a ambos hombres, además de que existía evidencia de que no se hizo de su conocimiento que tenían derecho a no emitir declaración alguna sin la presencia de su defensa. Asimismo, sus representantes legales no contaron con el suficiente tiempo para presentar pruebas a su favor, lo cual derivó en una negativa para confirmar su libertad, por lo que fueron condenados a 40 años de prisión.
El caso “fue elevado a la CoIDH en el 2013. Sin embargo, las víctimas fueron liberadas el 18 de abril del presente año luego de que un tribunal interno declarara que su confesión había sido obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades”, puntualizaron las organizaciones.
Finalmente, éstas instaron al gobierno para que no vuelva a violentar lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y que garantice que estos actos no se sigan cometiendo en el país.
La detención y la tortura
Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, —de orígenes nahua y mixteco respectivamente—, fueron detenidos por supuestamente estar ligados al Ejército Popular Revolucionario (EPR), organización guerrillera de autodefensa —cuyo objetivo es enfrentar las acciones represivas del Estado—. Es preciso recordar que en el contexto en que se llevaron a cabo las detenciones, existía una tregua en la que no estaban permitidos los combates contra las fuerzas del gobierno.
La versión oficial emitida por la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) expresó que agentes judiciales los detuvieron por presuntamente portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército así como de material “subversivo”, motivo por el cual se les condenó a tres años de prisión. Sin embargo, Juan y Santiago declararon posteriormente que en realidad los agentes habían allanado su casa y que los habían torturado física y psicológicamente para que firmaran hojas en blanco, que posteriormente servirían para presentar sus “declaraciones”.
Tras haber cumplido una pena por tres años, García y Sánchez fueron detenidos nuevamente en el año 2000, esta vez acusados por las lesiones y el homicidio de un policía del Estado de México —acto que se le atribuyó al EPR—, no obstante fueron torturados nuevamente y encarcelados en un penal de dicha entidad.