Por Olivia Vázquez Herrera
Chihuahua.- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) refrendó su compromiso con la defensora de derechos humanos de Marisela Escobedo, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 44/2013 al Gobernador del Estado de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, sobre la indebida procuración de justicia en el caso.
Cabe recordar que Marisela fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, mientras realizaba una manifestación pacífica frente al Palacio de Gobierno del estado.
«La fiscalía general del estado de chihuahua, evidencia una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos», señaló el Cedehm mediante un comunicado.
En la queja presentada por la CNDH se cuestiona la competencia de la Fiscalía General de Chihuahua, pues miembros de la comisión se encontraron en varias ocasiones con la negativa de dicha instancia al solicitar el expediente de la defensora, además de que se cuenta con pruebas que indican que no se le brindó la atención que requería a las denuncias presentadas por Escobedo.
Es preciso mencionar que Marisela inició su labor después del feminicidio de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo y la absolución del responsable, a quien después se le giró una orden de reaprehensión. Escobedo continuó su búsqueda de justicia y tras enterarse -en julio de 2010- del paradero del feminicida, dio parte a las autoridades de Zacatecas, sin que estas lograran la detención.
En septiembre de 2010 presentó una denuncia penal tras haber sido amenazada, sin embargo, la fiscalía no garantizó sus derechos ni le brindó protección.
La CNDH mencionó en su recomendación que Marisela Escobedo, en su denuncia, señaló a quien la habían amenazado de muerte, pero que la fiscalía no lo consideró dentro de la investigación. Además, el hermano de la defensora, quien fue testigo directo del asesinato, reconoció -en 2012 ante el Consulado General de México en El Paso, Texas- a la persona que asesinó a Marisela, quien coincide con la que su hermana había denunciado por amenaza.
Al respecto, en la queja emitida por la CNDH se habla de “una victimización institucional debido a que el hermano de Marisela reconoció a (S3) como la persona que había privado de la vida a su hermana, de lo que resulta que, al tener la Fiscalía General del estado de Chihuahua a S4 como probable responsable del homicidio de la defensora de derechos humanos, los familiares de Marisela consideran que hay un chivo expiatorio; circunstancia que resulta inaceptable, pues el propio sistema al que acudieron a pedir justicia, es el que agravó su situación.”
La comisión también solicitó al Gobierno de Chihuahua que se ofrezca, a la brevedad posible, una disculpa institucional a los familiares de Marisela Escobedo así como asistencia médica, psicológica social y material hasta que cesen los padecimientos psíquicos y médicos generados por la pérdida de la defensora.
De igual forma se instó a las autoridades encargadas de la impartición de justicia garanticen la seguridad de las víctimas de delitos y a que capaciten a sus miembros en materia de atención de víctimas así como en el fortalecimiento de valores éticos y morales.
El Gobernador César Duarte cuenta con quince días hábiles para atender la recomendación e informar sobre su aceptación, de no ser así, la comisión estatal de derechos humanos interpretaría la falta de respuesta como negativa y quedaría en libertad de hacer público el caso, obligándolo a comparecer para que explique los motivos del rechazo a la recomendación.