Por Olivia Vázquez Herrera
México DF.- En el contexto del inicio de las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre devastación ambiental, soberanía alimentaria y represión contra movimientos sociales, miembros de organizaciones defensoras se reunieron en Cencos para discutir sobre la evaluación que dicho organismo realizará a México a partir del 15 y hasta el 24 de noviembre.
Octavio Rosas Landa, integrante de la Asamblea de Afectados Ambientales, explicó que el Tribunal lleva trabajando alrededor de dos años, pues se tiene conocimiento de 140 casos de violaciones a derechos colectivos. Y que fue a partir de “preaudiencias” que se llegó a la definición de los tres temas rectores de las sesiones del “Capítulo México”.
Rosas agregó también que el TPP propondrá a las autoridades la tipificación como delito del llamado “desvío de poder”, que consiste en desviar recursos -destinados a programas públicos- haca los intereses de empresas privadas tanto nacionales como extranjeras, las cuales, por cierto, tienen concesionado ya 30 por ciento del territorio nacional. Dicha práctica afecta no sólo a nivel ambiental y social dentro de las comunidades, sino también trae graves afectaciones a la salud de los habitantes de las zonas.
Por otro lado, Víctor Guerra, integrante del Comité del 68, informó que también se denunciará ante el TPP la represión que autoridades ejercen sobre distintos movimientos sociales a través de mecanismos como la criminalización de la protesta o bien, la acción directa de grupos represivos sobre los manifestantes.
Ambos casos derivan casi siempre en agresiones o detenciones arbitrarias que no proceden debido a la falta de pruebas o elementos judiciales; sin embargo, si a dichas acciones se les agrega la “represión mediática”, la opinión pública entonces adopta una postura de criminalización o desvalorización de los movimientos sociales.
Al final de su intervención, Guerra dijo que dicha denuncia debe ser a nivel internacional, pues todo el mundo debe saber que “en México no estamos viviendo en esa paz o en esa tranquilidad que el Gobierno mexicano dice (…) Cree –el Gobierno- que el mundo entero está engañado en este asunto”, concluyó.
Asimismo, Verónica Villa de la Red en Defensa del Maíz, comentó que dentro de las audiencias se denunciará también el daño que provocaría la entrada de alimentos genéticamente modificados al mercado nacional, pues “si se aprueba (…) significaría otorgarle a las tres o cuatro empresas del mundo los derechos a la patente del maíz”, lo cual no sólo implicaría la falta de medios de subsistencia de las comunidades, sino el abandono de sus territorios en busca de mayores oportunidades.
Acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos
Es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos y determina si, en efecto, han sido violados tales y a partir de ello denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones.
Su misión es “promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos; y su labor se encamina, precisamente, a la construcción de una legislación que proteja tales derechos”.
Actualmente, su sede se encuentra en Roma y lo integran miembros de países como México, Francia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, entre otros.
Es importante mencionar que si bien sus resoluciones no son vinculatorias, éstas se han convertido en un referente para “colocar en la conciencia pública internacional violaciones graves de los derechos humanos, y sus recomendaciones son tan sólidas, que han logrado permear en tribunales vinculantes”.