México, DF.- Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del pasado 6 de noviembre, de liberar a Israel Arzate Meléndez, su defensa expresó respeto total para el sentimiento y la exigencia de justicia de las familias de Villas de Salvárcar, por la masacre de 15 jóvenes del 31 de enero de 2010.
De la misma forma desaprobaron la falta de respeto hacia ellas, implícita en las declaraciones emitidas por distintas autoridades del estado de Chihuahua.
Mencionadas declaraciones persisten en el encubrimiento de su incapacidad, al pretender litigar mediáticamente el caso, lo cual expone a las familias a una revictimización innecesaria. La defensa de Arzate manifestó con su voluntad de reunirse con las familias de Villas de Salvárcar para exponer los elementos de prueba que sustentan la inocencia de Israel Arzate.
“Lamentamos profundamente la irresponsabilidad de las autoridades”, señaló José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las tres organizaciones que encabezan la defensa de Israel. “Entendemos perfectamente la indignación y la sensación de impotencia de las familias de Villas de Salvárcar y de manera respetuosa les expresamos nuestra solidaridad”.
Ante los señalamientos de las familias en el sentido de que nunca se han acercado a ellos, Marroquín precisa: “No somos una organización que busque casos. Más bien respondemos a solicitudes expresas de intervención. Es importante señalar que al documentar y analizar las peticiones de intervención somos muy cuidadosos y meticulosos. Por lo mismo estamos convencidos de la inocencia de Israel y llamamos a las autoridades del estado de Chihuahua a respetar la exigencia de las víctimas y cesar en la difusión de información falsa que busca lucrar con su dolor”.
Marroquín expresó su total disposición a tener un encuentro con las familias de Villas de Salvárcar para exponer los elementos de prueba y “dentro de nuestras limitaciones tratar de apoyarlas en su lucha”.
En cuanto a las declaraciones recientes por parte de diversas autoridades del estado de Chihuahua, Andrés Díaz Fernández, coordinador de los abogados del Centro Prodh, lamentó la falta de profesionalismo de los más importantes actores de la justicia de mencionada entidad.
“Persisten en la criminalización sin pruebas contra Israel. Hemos analizado las declaraciones públicas de la Fiscalía y hemos notado que siempre hablan de las pruebas que dicen tener, pero lo cierto es que en ningún momento éstas aparecieron durante la investigación o el proceso. A cuatro años de los hechos, resulta inverosímil que pruebas que nunca han existido hayan aparecido de repente”, puntualizó Díaz Fernández.
Asimismo, externó el abogado que por respeto a las familias víctimas de Villas de Salvárcar se evitará litigar el caso en medios. “Nuestras acciones han sido serias y respetuosas en todo momento. No estamos de acuerdo con que los medios de comunicación se conviertan en un juzgado público y por ello nos hemos limitado a presentar nuestras acciones legales ante las autoridades correspondientes y a poner a disposición del público un análisis objetivo del caso basado en los hechos comprobados”.
Lo anterior luego de las declaraciones vertidas por congresistas de Chihuahua quienes han afirmado que hay personas que “podrían tomar la justicia por su propia mano”, según reportan medios locales citando al diputado César Jáuregui.
“No es posible que las propias autoridades realicen este tipo de declaraciones irresponsables que podrían ser leídas incluso como una incitación, no podemos desvincularlas de los dichos del mismo Gobernador César Duarte quien, según familiares de Villas de Salvárcar, les habría dicho ese cabrón no se me va a ir vivo[2]”, finalizó Díaz Fernández.
Es preciso señalar que falta por definirse uno de los amparos que Israel Arzate presentó ante la SCJN, pero en el caso más importante la Corte ya lo ha liberado por falta de pruebas válidas, puesto que la única prueba en su contra fue su confesión obtenida bajo tortura. Correspondía a las autoridades estatales comprobar su acusación ante las autoridades correspondientes, cosa que no hicieron, al no existir otras pruebas.
Por otra parte, ante el desproporcionado hostigamiento que ha desplegado el Gobierno del estado de Chihuahua en su contra, la defensa de Israel promovió un amparo para salvaguardar su libertad personal en tanto la SCJN descarta la falaz imputación que se le hizo por robo de vehículo con la única intención de encubrir la ilegalidad de su detención y poder arrancarle la confesión en el proceso por homicidio, delito este ultimo sobre el cuál no existe ninguna prueba en contra de Israel.
[1] El Centro Prodh se ha distinguido por la defensa de casos de violaciones a los derechos humanos en México, tales como Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio, Hugo Sánchez Ramírez, José Ramón Aniceto Gómez, Pascual Agustín Cruz, Basilia Ucan Nah, los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. También ha acompañado procesos como el caso de la Guardería ABC y el de los mineros que murieron en el siniestro de la mina Pasta de Conchos.
[2] Según información de El Diario de Ciudad Juárez y del reportero Rubén Villalpando de La Jornada.