Por Olivia Vázquez Herrera
México DF.- La labor de las y los defensores de derechos ambientales en nuestro país se ha convertido en una actividad de riesgo, ya que de 2009 a la fecha, se tiene noción de más de 50 agresiones, principalmente a personas involucradas en la defensa de territorio ante la construcción de desarrollos mineros y forestales, inmobiliarios, así como de infraestructura vial, hidráulica y energética.
Dicha información se deriva del informe presentado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, sobre la relación entre los proyectos de desarrollo a gran escala y las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, en el que se destaca que México, junto con Brasil, Camboya, Guatemala y Perú, son los países con más amenazas y ataques hacia las y los defensores comunitarios, en donde uno de cada tres denuncias son por asesinato o tentativa de éste.
En un comunicado emitido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC (CMDPDH), se explica que la Relatora Especial “criticó el uso del sistema judicial para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos que se oponen al desarrollo de megaproyectos”, pues en ocasiones hay detenciones en pleno ejercicio de su derechos a la manifestación y de libertad de expresión.
Ambas organizaciones reprobaron la falta de capacidad del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) para implementar medidas que protejan la labor de las y los defensores comunitarios, pues “la visión meramente policial frente a las medidas de protección ha llevado a que aquellas comunidades que en defensa de su territorio y los recursos naturales se opongan a la instalación de megaproyectos queden en total desprotección”, detallaron.
Al respecto, Sekaggya realizó una serie de recomendaciones entre las que destacan la participación en la toma de decisiones de las comunidades afectadas así como a la constante evaluación de los proyectos por parte de las empresas involucradas sobre el posible impacto de estos sobre los derechos humanos de las personas.
Además, la Relatora Especial instó a los responsables de dichos megaproyectos a que entreguen de manera oportuna a las comunidades así como a quienes defienden sus derechos, información referente a las construcciones y a su impacto, “tomando en cuenta factores culturales, a través de un medio adecuado y en un idioma que entiendan”.
Finalmente, recomendó a las autoridades mexicanas “velar por que se respeten los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, permitiendo que los afectados por los proyectos de desarrollo a gran escala expresen su preocupación y descontento”. Además, pidió que se protejan los derechos de quienes protestan, equipando y capacitando debidamente a los policías para que hagan un uso proporcionado de la fuerza en caso de que ésta fuese necesaria.