Por Olivia Vázquez Herrera
México DF.- En el contexto del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que la Organización de las Naciones Unidas realizó a México la madrugada de este miércoles, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro Prodh para reflexionar sobre el estatus actual del país en materia de derechos humanos, y para discutir acerca de las 180 recomendaciones que los países miembros hicieron al gobierno mexicano. Cabe destacar que hace cuatro años recibió 91 recomendaciones, así que en este periodo las duplicó.
Entre las recomendaciones destacan las realizadas por Brasil, Sierra Leona, Corea, Italia, Chile y Canadá en las que se le insta al gobierno mexicano a acelerar la reforma al fuero militar y terminar con la impunidad en este sector. Por otro lado Australia, Reino Unido, Japón entre otras naciones recomendaron asegurar las investigaciones sobre las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas así como garantizar un ambiente adecuado para que desempeñen su labor.
Además, Bélgica, Austria, Alemania y Francia instaron al gobierno de México para que eliminen la figura del arraigo tanto a nivel nacional como estatal. De igual forma países como Argentina, Uruguay, Polonia, Suecia entre otros, recomendaron tipificar la tortura en el país, y profundizar en las investigaciones sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Es preciso recalcar que dichas problemáticas ya habían sido externadas en el EPU de 2009, y a cuatro años de distancia, siguen siendo temas a tratar.
Al respecto, Agnieszka Raczynska, secretaría ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos» (REDTDT) expresó que el Estado mexicano ha perdido de vista el contexto de violencia generalizada en el país, pues en el informe presentado en Ginebra por el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, enlistan una serie de acciones, sin embargo, no retoman las recomendaciones de 2009, ni en el discurso ni en la práctica.
A su vez, José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, comentó que las afirmaciones del Estado mexicano presentadas son falsas, pues son evidentes aún la falta de protocolos así como el recrudecimiento de la actuación policial y el aumento de la represión focalizada hacia algunos sectores de la población.
Además, Marroquín aseguró que aún hay temas que preocupan en nuestro país, como el de la tortura, que sigue sin ser legislado ni tipificado. En la misma situación se encuentra el tema de la militarización así como el de la definición de lo que es el crimen organizado, asunto que esta vez ni siquiera fue considerado en el informe presentado por el gobierno mexicano.
La directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CMPDDH), Alejandra Nuño, explicó que las 180 recomendaciones se refieren a 29 temas torales abordados por los representantes de 89 estados.
“Hay una preocupación internacional sobre gravísimas violaciones a derechos humanos que se comenten en México”, advirtió Nuño y agregó que, frente a esas alertas, “la respuesta del Estado mexicano fue incompleta”.
De igual forma, mencionó que lo que se necesita en México es una estrategia conjunta entre los distintos poderes y niveles de gobierno. También, agregó que la que vive nuestro país es visible para las organizaciones civiles e incluso para los demás países, pero que el gobierno parece no reconocer.
En el panel también se encontraban Marusia López de JASS (Asociadas por lo Justo), Areli Sandoval de DECA Equipo Pueblo, A.C., Maribel González del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Gabriela Morales del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, quienes también emitieron su opinión respecto a las recomendaciones realizadas a México en cuestión de migrantes, violencia de género y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Las defensoras así como el director del Centro Prodh coincidieron en que es necesario que el Estado mexicano realice un programa integral de políticas públicas que fortalezca las acciones que se realizan para la protección de los derechos humanos así como el hacer las reformas, los planes de acción y rutas de seguimiento correspondientes a las recomendaciones emitidas en el EPU.
México deberá analizar las recomendaciones, ya que será en marzo del próximo año cuando deba informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU las acciones que emprenderá al respecto.