Por Clara Olivia Vázquez Herrera
Las y los defensores de derechos humanos en Oaxaca se han enfrentado a graves riesgos. Son especialmente vulnerables las y los defensores comunitarios que demandan respeto a sus derechos indígenas y comunitarios y reclaman el derecho a la información y consulta previa, libre e informada ante la imposición de megaproyectos, señaló Peace Brigades International (PBI) de México, mediante un comunicado
Los ataques incluyen amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, allanamiento de oficinas, robo de información y, en el peor de los casos, el asesinato, no sólo de defensores sino también de periodistas.
Por ello, PBI de México evidencia diversos casos de ataques que se han suscitado en mencionada entidad y señala que “la impunidad en la cuál (sic) se enmarcan los crímenes, y la falta de implementación cabal de medidas de protección, significan que actualmente en el estado de Oaxaca no existen las condiciones de seguridad necesarias para que las y los defensores puedan defender los derechos humanos sin temer por su vida”.
Está el caso de Alba Cruz Ramos, abogada del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha”, quien en abril de este año recibió amenazas vía mensaje de texto; además, de que un mes antes, su oficina ya había sido allanada, incidente en el que fueron sustraídos archivos y expedientes de casos relacionados con megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec. A raíz de estos hechos, Alba es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De igual manera, miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPPJ) han sido intimidados, hostigados y detenidos de manera arbitraria; tal es el caso de Mariano López Gómez, vocero de dicha organización, quien fue detenido por elementos de la Policía Estatal, siendo dejado posteriormente en libertad al no proceder el juicio.
Cabe mencionar que en el mes de julio algunos integrantes de la APPJ fueron amedrentados tras una protesta en el M.P. y, días después otro miembro, Héctor Regalado Jiménez fue asesinado. La asamblea actualmente cuenta con medidas de protección por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Otro caso es el de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) que se opone a la mina de Oro en San José del Progreso y cuyos miembros también han recibido amenazas de muerte. Igualmente, el pasado mes de julio, Herón Sixto López, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, fue amenazado, desaparecido y asesinado.
Por otro lado, hace apenas una semana, Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (Barca DH) fue víctima de la delincuencia cuando salía de una reunión de trabajo, ya que de su automóvil fue sustraída una mochila que contenía información referente a la organización.
Entre los objetos hurtados se encuentran la chequera del centro, un disco externo, seis memorias USB, una tableta electrónica así documentos personales y expedientes de casos sobre desapariciones de Zapotengo y de la comunidad indígena de Eloxochitlán, puntualizó un comunicado emitido por la organización Barca DH.
Agresiones a periodistas
Las y los periodistas no se encuentran a salvo de la ola de violencia en Oaxaca, pues en julio de 2013, fue asesinado Alberto López Bello del diario El Imparcial. De igual manera, Pedro Matías del semanario Proceso y miembro del Consejo de Derechos Humanos Bartolmé Carrasco (Barca DH) y del Consejo Ciudadano de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha sido amenazado en un par de ocasiones, en lo que va de este año.
Ante dicha situación, en abril pasado, la Casa de los Derechos de Periodistas entregó una carta al gobernador Gabino Cué, al Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Cano, al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Emmanuel Alejandro López Jarquín y al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Maximino Vargas Betanzos, expresando su preocupación por la situación que viven los informadores e instándoles a crear medidas para su protección.