México DF/Cimacnoticias.- En los últimos años las agresiones, extorsiones y violaciones a Derechos Humanos (DH) que comete el crimen organizado van en incremento, sin que las autoridades aseguren a la población sus garantías más básicas, como el derecho a una vida digna.
Ante la ausencia del Estado, integrantes de comunidades rurales e indígenas históricamente marginadas decidieron hacer el trabajo que no hacen sus gobernantes y defender su vida, su territorio y sobre todo su dignidad, conformándose en grupos de autodefensa y guardias comunitarias.
Tal es el caso de San Miguel de Aquila, Michoacán, pueblo de poco más de 20 mil habitantes –en su mayoría indígenas de origen náhuatl–, donde operaba la mina de hierro “Las Encinas”, que hasta hace poco era explotada por la empresa transnacional Ternium sin que ésta pagara a las y los comuneros (dueños de las hectáreas donde se realizaba la extracción) el precio justo por sus labores.
Cimacnoticias entrevistó a mujeres indígenas de esa región que fueron desplazadas y ahora están en la capital del país en demanda de que sean liberados 45 integrantes de la guardia comunitaria detenidos por el Ejército el pasado 14 de agosto.
Todos ellos fueron llevados tanto al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Perote, Veracruz, como al penal de Morelia, Michoacán.
Venciendo el temor a ser agredidas por las fuerzas de seguridad o grupos criminales en su trayecto desde Michoacán, 18 mujeres y cinco hombres de Aquila llegaron a esta ciudad el 16 de agosto en uno de los dos camiones que transportaron a 70 miembros de la comunidad, para exigir al gobierno federal la puesta en libertad de los miembros de la guardia comunitaria.
A decir de las esposas, madres, hijas y hermanas de los detenidos –de quienes se reservan sus nombres por razones de seguridad–, los guardias fueron arrestados sin orden de aprehensión y acusados de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y uso de cartuchos.
Estas 18 mujeres resisten en una ciudad desconocida con la comida y resguardo que les brindan en sus sedes organizaciones civiles y estudiantiles que apoyan su lucha. Ellas forman parte del grupo que se quedó en el DF, luego de que el resto de habitantes de Aquila viajó a Morelia, Michoacán, el pasado 20 de agosto para exigir la liberación de cinco líderes comuneros acusados de diversos delitos.
Las indígenas explicaron que por ahora lo que buscan es obtener los recursos para pagar las fianzas de 19 guardias recluidos en el Cereso de Perote.
“La gota que derramó el vaso”
Entre el grupo hay jóvenes embarazadas que se niegan a que sus esposos estén en prisión cuando nazcan sus hijos, pues se los llevaron “por querernos defender”.
“Si defender nuestros derechos, nuestra vida, nuestras tierras y lo que nos pertenece es un delito, entonces sí merecemos estar en la cárcel y hasta que nos metan a juicio”, sentenció uno de los pobladores que las acompaña.
Y es que la guardia comunitaria llamada “Aquila libre” surgió en junio pasado porque “la gota que derramó el vaso” tras años de extorsiones, amenazas, y hostigamientos del crimen organizado, fue que comenzaron a violar “a las mujeres del pueblo”.
“Llegaban y te decían: ‘Me gusta tu mujer, me la vas a prestar un ratito en lo que bañas a tu hija porque al rato vengo por ella’”, contó uno de ellos.
Una de las mujeres dijo que fue en ese momento que las y los habitantes se reunieron para tomar en sus manos el asunto. “Eso ya no era vida, no es vida, no podíamos ir ni a las tortillas, vivíamos con el miedo de que fuéramos la siguiente, vivíamos esperando que llegaran a cobrar las cuotas, siempre fuimos un pueblo tranquilo pero todo eso se acabó”.
Recordó que San Miguel de Aquila siempre fue extorsionado y saqueado por su riqueza mineral, si uno de los Comisariados decidía no apoyar a las empresas mineras y procurar más recursos para el pueblo “era asesinado, simplemente aparecía muerto”, pero –relató– se podía vivir, caminar, ir a misa, “tener una vida”.
Con el paso del tiempo el crimen organizado se volvió más fuerte y llegó un momento en el que las y los comuneros tenían que pagar una cuota de hasta 700 mil pesos al mes “para que según nos protegieran, pero aún así se robaron una pipa, un tanque, nos atacaban más; ya pagábamos para que nos robaran”.
También narró que antes de que se conformara la guardia comunitaria buscaron la ayuda estatal, pero nunca les hizo caso. Si iban al Ministerio Público ya no regresaban a sus casas: “Cuando acudías a denunciar salías y alguien ya te estaba esperando, muchos compañeros desaparecieron así, fueron a denunciar y ya no volvieron”.
“Yo no entiendo al gobierno, no te defiende y no deja que te defiendas, no hicimos nada malo, ni nada ilegal, se dijo que teníamos armas de uso exclusivo del Ejército, pero no eran nuestras, sólo teníamos pistolas pequeñas que te permiten tener por ley, además de piedras y machetes; eso no usa el Ejército”, aclaró otro habitante de Aquila.