México, DF.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ayer compartió su consternación por el accidente ferroviario ocurrido el 25 de agosto en las inmediaciones de la ranchería La Tembladera, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, a escasos kilómetros del estado de Veracruz.
Ante lamentable acontecimiento, la ONU-DH pidió a las autoridades mexicanas determinar el número total de migrantes fallecidos, mientras que al momento de la emisión del presente comunicado el organismo internacional había recibió una lista de 16 personas atendidas en el centro hospitalario de Las Choapas, Veracruz, donde se ha concentrado el esfuerzo de emergencia médica, además de al menos otras 59 personas recibiendo orientación y apoyo humanitario en un albergue de la misma localidad.
El Estado mexicano tiene un rol preeminente, inderogable y no delegable para brindar la protección que reconocen las normas internacionales de derechos humanos a las y los migrantes, incluso cuando recorren de forma irregular el territorio nacional, señaló la organización.
«La experiencia cotidiana que viven miles de migrantes no regulares al cruzar México constituye un drama amplio y suficientemente documentado. Los abundantes informes y debates promovidos por quienes desarrollan tareas humanitarias, así como los constantes reportajes periodísticos e incluso una variedad de documentales fílmicos nacionales y extranjeros, son unánimes en demostrar el altísimo riesgo que conlleva para la vida e integridad de las personas (…)», dijo Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Oficina alienta a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos para ajustar de manera acelerada sus normas y prácticas, de tal modo que se proteja eficazmente y se respeten plenamente los derechos de todas y todos los migrantes en el territorio nacional.
Asimismo, señaló que un signo alentador es el convenio suscrito el pasado 22 de agosto por la Procuraduría General de la República (PGR), con una plataforma de organizaciones sociales y de familiares de personas desaparecidas de México y varios países Centroamericanos que son apoyadas por un comisión de expertos forenses independientes para trabajar en la identificación de las decenas de restos humanos encontrados en San Fernando (Tamaulipas) y Cadereyta (Nuevo León) los años 2010 y 2011.
La ONU-DH se solidarizó con las víctimas y sus familiares en sus respectivos países de origen, pide que tengan pleno acceso a la asistencia consular de sus autoridades.