*Opinión
Por Ana Luisa Nerio Monroy
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil elaboraron el trabajo “Los derechos humanos en Oaxaca 2009-2013. Informe ciudadano: una deuda pendiente” (en adelante el Informe) en el cual dan cuenta de la situación de los derechos humanos del estado de Oaxaca. El informe responde también a varios de los ejes de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dirigió al Estado mexicano con motivo del Examen Periódico Universal (EPU).
Debe destacarse que pocas entidades cuentan con un documento de este tipo, elaborado por ciudadanos y con un enfoque de derechos humanos; que con su lectura sencilla y sintética, nos brinden un panorama general de la complejidad política y social de un estado lleno de contrastes.
Nadie duda de la riqueza natural y cultural de Oaxaca, sin embargo, es una de las entidades con los índices de pobreza, marginación, conflictividad social y violencia más altos en el país.
El Informe señala que aunque en el periodo analizado hubo avances legislativos, éstos no se reflejaron en las políticas públicas aplicadas por las autoridades. En los 30 artículos de la constitución oaxaqueña que se modificaron falta lenguaje de derechos humanos; se creó una Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social cuya tarea principal es esclarecer crímenes políticos. Los avances de la Fiscalía sólo se observan en casos que involucran a extranjeros como Brad Will y Jyry Jakkola.
Respecto a las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas el informe es contundente: Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de ataques a personas defensoras. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no dispone de criterios para emitir medidas acautelares y tampoco tiene presupuesto y personal para responder a una necesidad de protección. La impunidad es la constante frente a agresiones contra personas defensoras y periodistas. Las mujeres defensoras sufren ataques que atentan contra su cuerpo y a sus roles de madres. Destaca que “ninguna de las agresiones en contra de mujeres defensoras denunciadas en 2012 han sido sancionadas, pese a que en algunas ocasiones los agresores han sido señalados”.
Las personas, pueblos y comunidades indígenas son quienes presentan mayores índices de pobreza y marginación. Son también los más discriminados en el acceso a la justicia, por lo que las violaciones a sus los derechos humanos se han incrementado en los pasados cuatro años. La realización de megaproyectos como la hidroeléctrica Paso de la Reina afecta a comunidades indígenas ya que “violentan derechos colectivos, desplazan poblaciones y destruyen bienes comunes”.
La Ley de Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2006) no garantiza plenamente los derechos de este grupo de la población. El Foro Oaxaqueño de la Niñez realizó una consulta con los siguientes resultados: 40 por ciento de los niños y niñas consultados reportaron que la alimentación que reciben es insuficiente y de baja calidad; 4 por ciento reconoció haber padecido hambre; y más del 80 por ciento consume alimentos “chatarra” que generan problemas de malnutrición como la anemia y la obesidad.
El derecho a la educación está muy violentado, ya que no existe cobertura del 100 por ciento en el nivel primaria y en el nivel preescolar alcanza apenas al 53 por ciento de la población. Apenas 38 por ciento de las y los jóvenes alcanza la educación media y superior. Maltrato infantil, trata de personas y explotación sexual comercial son otras violaciones cometidas contra personas menores de edad.
El gobierno criminaliza la protesta social, particularmente aquella vinculada con la oposición a proyectos que afectan los derechos al territorio y los recursos naturales; se descalifica a los oponentes políticos.
En 2012 se documentaros 37 posibles casos de tortura, práctica común en el estado, sobre la que hay sub-registro y que generalmente queda impune. Hay detenciones arbitrarias como las ocurridas a 24 jóvenes del movimiento “Yo soy 132” (julio de 2012). Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas con otras violaciones mencionadas en este Informe ciudadano.
Si se revisan las 91 recomendaciones que mediante el EPU el Consejo de Derechos Humanos dirigió al Estado mexicano nos daremos cuenta que el cumplimiento de las 83 aceptadas es bastante deficiente. El informe sobre Oaxaca es una lamentable constatación de que si bien hay ciertos avances y esfuerzos, las violaciones a los derechos humanos existen y afectan de manera preocupante a la población de la entidad y del país. Oaxaca es sólo un ejemplo de lo que acontece a nivel nacional.
Difícilmente podrá salir bien librado el Estado mexicano de la nueva revisión a la que será sometido en este año. En este examen, como el anterior México estará reprobado.
@aluisanerio