*Opinión
Por Jesús González Alcántara
A un año de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tuvo que abandonar Veracruz, dejar de trabajar, refugiarse en el Distrito Federal. Las personas que la han recibido en sus domicilios, después de algunos días, le piden que se vaya, pues tienen miedo también de ser amenazadas. No ha conseguido trabajo, “ni de mesera”, porque le exigen experiencia y referencias personales. Vive cada día gracias a la caridad de sus amigas periodistas, algunas han organizado subastas de “moneros” para obtener fondos de ayuda a ella, y además colegas. Su mamá recibió amenaza hace unos días, tuvo que cerrar su negocio y su casa, deambula por Veracruz buscando refugio.
El derecho a la libertad de expresión, está regulado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, así como que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, este mismo derecho está previsto en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, el artículo 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, siendo este derecho uno de los pilares en el desarrollo de la labor periodística, lo que hace evidente que cualquier afectación a este derecho también lo es a la libertad de expresión.
Sin embargo, en México la realidad es otra. En su informe 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 98 quejas correspondientes a agravios en contra de comunicadores. Desde 2000, ha registrado 82 casos de homicidio de periodistas, 16 desapariciones y 28 atentados contra medios de comunicación, de los cuales 19 por ciento han sido investigados y solo 7 por ciento derivaron en una condena.
Según Reporteros Sin Fronteras ahora hay ocho periodistas desplazados y 14 exiliados.
Amnistía Internacional consignó en el capítulo México de su Informe 2013 que “los periodistas continuaron sufriendo agresiones y recibiendo amenazas a causa de su trabajo”, que “al menos seis periodistas fueron asesinados” y que “la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas no realizó avances en la mayoría de los casos de periodistas asesinados”.
La organización Freedom House ha catalogado a México como país no libre para la prensa.
Debido a este panorama un grupo de cuatro expertos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instaron el año pasado al Gobierno mexicano a detener inmediatamente los asesinatos y amenazas repetidamente sufridas por defensores de derechos humanos y periodistas.
Tanto los expertos como Amnistía Internacional han subrayado la importancia de la aplicación efectiva de la “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Pero a un año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Ley no encuentra las voluntades políticas que la hagan ejercer su peso real a fin de evitar más ataques y pérdidas de vidas.
Hace tan sólo unos días, más de 70 organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y la libertad de expresión dirigieron una carta pública al Secretario de Gobernación externándole su preocupación por la falta de recursos, de personal y de respaldo institucional para que el Mecanismo de Protección para estos grupos de la sociedad pueda funcionar adecuadamente.
Consultadas antes de cerrar este escrito ninguna de las organizaciones había recibido respuesta de parte del Secretario, lo cual me hace recordar que en alguna ocasion escuché a un gobernador, todavía en funciones, decir: ¿”por qué voy a proteger a quien me pega”?
Lo que se necesita, en palabras de Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, es “romper el ciclo de impunidad en México, que se está convirtiendo en un lugar cada vez más violento para los periodistas”.
No por ello el llamado de la periodista Marcela Turati que hizo en mayo pasado en la sede de las Naciones Unidas con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa: “este es un SOS para que volteen a ver a México, para desactivar la impunidad, la poca transparencia en la asignación publicitaria, las relaciones corruptas prensa-poder, para presionar por mejores condiciones laborales de los periodistas porque también son asuntos de seguridad. Es necesario empoderar a la prensa, a los periodistas, y con ello a los ciudadanos”.
Es una llamada de auxilio para que no haya un asesinato más, concluyó; y concluyo junto con ella.
*Diplomado de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana