*Opinión
Por Fernando Ríos/Centro Prodh
Los primeros seis meses del nuevo gobierno priista siguen marcados por un número muy alto de homicidios dolosos: 6 mil 247, según se ha publicado en algunos medios de circulación nacional. En contraparte, las autoridades afirman que los homicidios han disminuido en un 16.5 por ciento, comparado con el mismo periodo del año pasado (diciembre de 2011 a mayo de 2012); además existe la tendencia de atenuar la gravedad de la inseguridad, afirmando como lo hizo Peña Nieto en Londres al decir que la violencia se concentra en sólo 196 municipios del país.
Por otro lado, “el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad” presentó a fin de mes, cifras mucho más altas que las oficiales, por ejemplo los homicidios dolosos ascienden a 7 mil 905 durante los primeros cinco meses del gobierno de Peña Nieto y del mismo modo ofrece las cifras de secuestro, robo de vehículos, homicidio culposo, extorsión y robo con violencia. Aunque el Secretario de Gobernación ha desacreditado la información, no se puede dejar de lado que esta información no es por percepción, sino de fuentes oficiales.
Por tanto, además de que la violencia continúa nos seguimos encontrando con la opacidad y la falta de información confiable por parte de las entidades federativas, así como de la Secretaría de Gobernación.
Por otro lado, las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal: la Gendarmería y la Cruzada contra el hambre se han desinflado parcialmente. La Gendarmería tendría 10 mil elementos y la Cruzada abarcaría 400 municipios, sin embargo, se veía en estas dos propuestas anunciadas como las acciones que cambiarían la faz de la violencia y el hambre tenían un fuerte componente político.
Ahora se anuncia que la Gendarmería iniciará con 5 mil elementos y la Cruzada sólo tendrá presencia en 80 municipios lo que muestra la premura del anuncio, además de que estas políticas públicas no aseguran mejores condiciones de vida. Sin duda, las políticas públicas tienen el potencial de garantizar la protección de los derechos humanos y con los dos ejemplos, vemos que ni el diseño ni la implementación aseguran que se cumpla el objetivo.
En el Distrito Federal (DF), Miguel Ángel Mancera ha perdido buena parte de su capital político. Sus errores constantes (ir con mentiras al Vaticano), sus relaciones polémicas (foto con Marta Sahagún) y el deterioro político por la represión del 1 de diciembre y el 10 de junio han contribuido a esa pérdida.
Existe una tendencia a omitir que en el DF existe el cobro de cuotas o “derecho de piso” a comerciantes establecidos por parte del crimen organizado. Resulta interesante el caso de la Zona Rosa, además de la incapacidad de investigar lo sucedido a los 12 jóvenes secuestrados, lo que se hace es recurrir a los operativos: desplegar 300 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como revisar licencias y podar árboles.
Después de estos breves valoraciones, observamos que queda en entredicho las acciones que han tomado los dos dignatarios y que las acciones emprendidas por ellos tienden a erosionar el clima de los derechos humanos.