Mediante un comunicado, cientos de organizaciones informaron sobre los derechos humanos (DH) y condiciones de vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el centro de detención estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas; publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDH Fray Matías) en 2010 y 2013.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), señalaron que la privación de libertad de las personas migrantes lejos de proteger y garantizar derechos humanos, afecta de manera transversal la integridad física, emocional y las garantías jurídicas de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Los problemas más graves que se han documentado y que persisten, están relacionados con la falta de un debido proceso y las condiciones de vida insalubres e inhumanas dentro del centro de detención, documentándose incluso la existencia de celdas de castigo.
Es posible señalar que existen violaciones de DH que son comunes en todos los centros de detención para migrantes en México: escasa o nula protección consular, así como obstáculos permanentes de la autoridad para acceder a una asistencia legal imparcial y a la justicia para exigir sus derechos. El tiempo que una persona puede estar detenida es discrecional y se agrava cuando: hace efectivo su derecho a un recurso contra la decisión de deportación, presenta una denuncia, apela la negativa a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada o inclusive si es víctima de delito y desea denunciar los hechos.
Las organizaciones y personas defensoras de DH, que promueven la defensa de los derechos de la población migrante ven también permanentemente obstaculizado su intervención en la estación migratoria, pues son constantes los testimonios de personas migrantes a quienes les recomiendan no contactar con organizaciones de derechos humanos.
Ante todas estas circunstancias las OSC exigen a las autoridades, el cese de las expresiones y acciones de desprestigio de ciertas autoridades y servidores públicos en contra de quienes defienden los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Así como una investigación exhaustiva e imparcial por parte de autoridades competentes sobre las posibles acciones de corrupción y extorsión que señalan las personas migrantes.