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A más de tres años de que el pueblo Wixárika iniciara la defensa de Wirikuta frente a los megaproyectos extractivos dentro del territorio sagrado; Cristian Chávez González, del Frente en Defensa de Wirikuta dijo en conferencia de prensa en el Centro Prodh, que el 24 de junio promovieron un segundo amparo en el que se subrayó sobre la violación al derecho de petición.
Con dicho amparo buscan ejercer presión jurídica al Estado para que dé respuesta a ello, luego que la Secretaría de Economía (SE) vulneró sus derechos humanos al debido proceso y al de legalidad que deben observarse en todos los procedimientos.
Cabe señalar que los amparos se han trabajado a través de la mesa jurídica del frente en defensa de Wirikuta, que está integrada por la Asociación Jalisciense de Grupos Indígenas y por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Sebastián Carrillo Carrillo, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Hipólito en Durango, explicó que la lucha por el territorio ha significa mucho, porque ahí es donde tienen sus ceremonias, es ahí donde se encuentran con sus dioses; es la universidad del conocimiento. “Sin Wirikuta no podríamos vivir”, puntualizó.
Asimismo, denunciaron que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha mantenido constantes campañas de presión, división del pueblo, criminalización y desprestigio.
En entrevista con el Sidi-dh, Cristián Chávez comentó que además de los dos amparos que van orientados a la cancelación de las concesiones mineras, también están buscando que el territorio Wirikuta sea integrado como patrimonio material, aunque “el gobierno federal se ha empeñado a que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo nombre patrimonio inmaterial, sin embargo, los recursos son tangibles, no sólo es la cultura sino también es territorio”.
El pueblo Wixárika espera que el Gobierno Federal haga cumplir la ley, que no guarde silencio, pues documentaron que hay perforaciones recientes, en zonas donde no hay manifestaciones de impacto ambiental. «Estamos preparados ante cualquier recurso ambiental o jurídico que puedan interponer las empresas mineras o los gobiernos», finalizaron.