Las y los defensores de derechos humanos son los grupos más vulnerables del país debido al enorme índice de impunidad que gozan los perpetradores de los ataques en su contra que en muchas ocasiones no sólo son miembros de la delincuencia organizada, sino caciques locales y servidores públicos.
Lo anterior fue señalado por Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Edgar Cortez, Miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante la presentación del Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance.
El informe del organismo internacional toma como base 89 agresiones contra defensores de derechos humanos, donde 38 por ciento fueron amenazas, 13 por ciento injerencias arbitrarias, 12 por ciento hostigamientos, 11 por ciento privación arbitraria de la vida, 11 por ciento detenciones arbitrarias, 6 por ciento atentados, 7 por ciento uso arbitrario del sistema penal y 2 por ciento desaparición forzada.
Sobre los presuntos responsables de las agresiones registradas se encontró que en 39 por ciento de los casos no han sido identificados, en 38 por ciento son actores estatales, 12 por ciento agentes de la Administración Pública Federal, 5 por ciento operadores de justicia y 6 por ciento autoridades municipales.
Al respecto, Edgar Cortez, señaló que el informe obliga a ver que la impunidad “nos lleva la delantera”, lo cual se traduce a la ineficiencia de las instituciones sobre todo de las procuradurías en los estados, de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión.
Las temáticas más recurrentes en las que los defensores agredidos trabajaban son, en orden de ocurrencia: derechos de la población migrante; derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas. Los estados con mayor incidencia de agresiones son Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal. En conjunto, todos estos datos ofrecen evidencia del alto grado de vulnerabilidad con el que las y los defensores de los derechos humanos aún continúan realizando sus tareas.
Sobre el Mecanismo de protección, Edgar Cortez señaló que han recibido 81 solicitudes desde noviembre de 2012; 25 ya las resolvió la junta de gobierno, 47 están en trámite, lo cual indica que hay un rezago de evaluación de riesgo.
La conferencia de prensa también contó con la participación de Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Lía Limón, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y José de Jesús Orozco Henríquez, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.