El pasado 5 de junio, día mundial del medio ambiente, el gobierno de Jalisco anunció la aceptación de la Recomendación 35/2009, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), sobre la presa el Zapotillo, reiterando que cumplirán con sus 18 puntos recomendatorios.
No obstante, rechazaron inmediatamente la recomendación más importante: la suspensión inmediata de la presa el Zapotillo.
Las y los opositores a la presa, encontraron en la respuesta (OF 393/2013) a la aceptación de la Recomendación, una apuesta del Gobierno de Jalisco por una visión, añeja y obsoleta del manejo del agua, que continúa priorizando la construcción de grandes obras de infraestructura.
En este contexto, diversas organizaciones y colectivos señalaron mediante un comunicado, que no aceptan “su doble discurso”, y piden respetar sus derechos humanos y el territorio. “No se pueden defender los derechos humanos desde una visión meramente técnica y dejar en manos de un comité técnico; la vida, la historia y el patrimonio de las comunidades de Jalisco”, enfatizaron.
A las organizaciones les llamó la atención la forma en que se emitió el oficio de aceptación frente a la CEDHJ, en donde se interpreta la aceptación, pero también que ya la están cumpliendo.
El director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, recientemente declaró a diversos medios que la última palabra la tiene un “comité de operación de obras técnicas”, que priorizará los argumentos técnicos para dar suficiencia hídrica al estado de Jalisco”…”No es un tema de que si la cortina (de El Zapotillo) está más alta o más baja, sino cuánta agua quiere aprovechar la Zona Conurbada (de Guadalajara) del Río Verde”.
En este sentido, las organizaciones argumentaron que no basta, con “escucharnos” en las mesas de trabajo que estamos llevando a cabo, es necesario que concrete jurídica y administrativamente la promesa de salvar Temacapulín y su discurso de una gestión integral del agua para las y los jaliscienses. “Tenemos derecho a decidir la vida y el futuro que queremos vivir y usted -el Gobernador- como muy bien lo aceptó en la Recomendación, está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como lo ordena el artículo 1 constitucional”.
Nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestra vida no es un asunto técnico, económico o de números, enfatizaron.
El comunicado fue emitido por el Comité Salvemos tema Capulín, Acasico y Palmarejo, el Colectivo de Abogados, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (Imdec) y Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), quienes piden diálogo con el Gobierno y concretar jurídica y administrativamente la propuesta para salvar su territorio.