A pesar de que desde el 19 de abril de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares a favor de Fray Tomás González, Rubén Figueroa y el personal y personas migrantes alojados en el Refugio para Personas Migrantes “La 72” en Tenosique, Tabasco, dichas medidas han sido incumplidas, provocando que parte del equipo del albergue haya decidido retirarse indefinidamente del lugar, al temer por su vida e integridad física tras nuevas amenazas.
Lo anterior, luego de que el 8 de junio el personal del refugio recibió una nueva amenaza de muerte de una persona que se acercó al albergue diciendo que venía por alguien. Dicha persona advirtió a Rubén Figueroa que dejara de obstaculizar al crimen organizado y que si no, el defensor sería encontrado “embalsamado”.
La persona que amenazó a Rubén, fue detenida con otras tres personas implicadas en secuestros a migrantes; sin embargo, estas tres personas fueron liberadas el lunes 10 de junio, aun cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de Tabasco cuenta con información que las vincula a delitos cometidos contra migrantes.
Ante ello, organizaciones de la sociedad civil lamentaron el incumplimiento de las medidas y la persistencia de la impunidad que ha llevado al retiro de parte del personal del albergue, puesto que dicha situación deja aún más vulnerables a las personas migrantes que ya son objeto de brutales actos de violencia, y que están incluidas en las medidas otorgadas por la CIDH.
Mediante un comunicado, las organizaciones reiteraron que es imprescindible que el Estado garantice la seguridad de los integrantes y personas migrantes albergadas en “La 72”.
Medidas de protección sin cumplir
Cabe mencionar que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas determinó dictar medidas a favor de “La 72” desde marzo del año en curso, sin que éstas se hayan cumplido cabalmente o hayan sido eficaces para garantizar la seguridad del albergue. Ante estos hechos, las organizaciones peticionarias solicitarán a la CIDH que inste al Estado mexicano a cumplir las medidas otorgadas.
A partir de la fecha en la que fueron otorgadas las medidas internacionales, el Estado mexicano contaba con un plazo de 15 días para informar a la CIDH del cumplimiento de las mismas. Sin embargo, pasó el plazo sin que autoridades del Estado siquiera se pusieran en contacto con el personal de “La 72”.
En una reunión realizada entre autoridades y miembros del albergue en mayo de 2013, se ratificó el compromiso del Estado de implementar diversas medidas de protección, por parte de la Policía Federal. No obstante, la dicha policía retiró sus patrullas esa misma semana. Después de presionar por diversos medios, se logró que regresara -el 11 de junio- la patrulla de traslados, pero hasta el momento no ha regresado la de presencia permanente.
En la reunión del 17 de mayo se acordaron y se asentaron por escrito diversas medidas que no se han cumplido, incluyendo luminarias, botón de pánico, alarma, cuarto de control del circuito cerrado de televisión y nuevo sistema de cerraduras.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) y la PGJE de Tabasco, no han entregado la lista de averiguaciones previas especificando el estado que guarda cada una de ellas tanto de agresiones contra defensores como de delitos cometidos en contra de migrantes que acompaña La 72, misma que se comprometieron a entregar a los beneficiarios de las medidas.
Las organizaciones que firmaron el comunicado son Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, La 72 Hogar, Refugio para Personas Migrantes, Movimiento Migrante Mesoamericano, Propuesta Cívica AC, SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.