*Opinión
Las lluvias que no escampaban, eran el presagio de las inundaciones que viviría el estado de Tabasco por varios años a partir de 2007. Las causas múltiples de que Villahermosa estuviera bajo el agua no eran como se dice habitualmente por desastres naturales. Los políticos de la región habían tenido una enorme responsabilidad antes y después de la tragedia.
En noviembre de 2007 apenas transcurrían los primeros meses del gobernador Andrés Granier. Constantemente se lamentó que durante su periodo de gobierno hubo enormes desgracias entre los tabasqueños, primero en Villahermosa y en los alrededores, después en los años sucesivos en Nacajuca, Balancán, Zapata y Cárdenas, principalmente. Pocos fueron los municipios que no probaron el sabor amargo del dolor por perder las propiedades de su casa, los animales que criaban y los cultivos y sembradíos de sus campos.
En pocas ocasiones la solidaridad fue tan clara y evidente de muchos lugares del país y del extranjero. Del Distrito Federal se enviaron camiones llenos de artículos necesarios para el periodo de la inundación, sin embargo, fueron decomisados por las autoridades del estado, así hicieron otras tantas veces, a ese nivel llegaba su prepotencia.
La tragedia en el sureste del país fue en sí misma una violación a múltiples derechos. Los grupos vulnerables fueron más afectados y han vivido las consecuencias de las desgracias por varios años. Los gobiernos permitieron los rellenos en zonas reguladoras, el manejo equivocado de las presas que se encuentran en las partes altas de Chiapas, así como el desempeño irresponsable de Protección Civil.
Este recuento viene a la memoria por las múltiples noticias que hemos tenido recientemente de las deudas y triquiñuelas de Andrés Granier y su secretario de Finanzas. Se ha sabido por ejemplo, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló la cantidad de 3 mil millones de pesos a Mariana Granier, hija del ahora exgobernador. Así, en un diario de circulación nacional apareció que al ex secretario de Finanzas, José Manuel Saiz se le investiga por el desvío de al menos mil 900 millones de pesos del erario estatal, y por 88.5 millones de pesos hallados en un domicilio de su ex colaboradora Marlees Cupil López. Por si fuera poco, ha quedado demostrado el derroche con que estos funcionarios presumen sus excesos: las cientos de camisas y zapatos de Granier y el Ferrari de Saiz, valuado en 4.5 millones de pesos.
Otro dato poco conocido, es el que se dio a conocer en un periódico tabasqueño el 29 de noviembre de 2007, en el que se informó que a Saiz Pineda se le decomisó 8 millones de pesos. La Procuraduría General de la República, incautó el dinero con el que presumían comprarían tierras en Yucatán. Esto que dio para fundar sospechas razonables del robo que hacían estos dos políticos de los recursos que llegaron al edén inundado se comprueba ahora.
Granier y Saiz son prueba de cómo los políticos se benefician de las violaciones a los derechos humanos. El sufrimiento ante la vulneración de la vida, no podrá ser resuelto para los tabasqueños, pero ojalá esto sirva para fincar las responsabilidades a estos políticos y a otros por lo que se han robado y por ser culpables de la violación sistemática a los derechos humanos: el derecho a la vida, a la seguridad patrimonial, a la vivienda, la salud y muchos más.