Las organizaciones Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (Cadhac) condenaron mediante un comunicado, la detención arbitraria y malos tratos a los que fueron sujetos niños y jóvenes mientras jugaban futbol en la vía pública.
Las acciones por parte de agentes del Estado constituyen serias violaciones a la libertad, al juego y el esparcimiento, a la integridad física y psicológica, honra y dignidad; derechos humanos que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar al haber firmado la Convención sobre los Derechos de la Niñez, apuntó el comunicado.
La semana pasada elementos de la corporación Fuerza Civil que viajaban a bordo de la patrulla 793, realizaron detenciones arbitrarias y actos vejatorios en contra de un grupo de niños y jóvenes de entre 8 y 20 años, por jugar futbol en la vía pública en el centro de la ciudad de Monterrey. Los maltratos a los que fueron víctimas incluyeron amenazas, burlas y humillaciones, golpes, pisotones en las manos y revisiones arbitrarias e ilegales, además, fueron obligados a realizar lagartijas e ilegalmente retenidos en el lugar hasta que sus familiares exigieron a las autoridades que los liberaran.
Estos actos resultan irracionales e inaceptables. La sociedad requiere de cuerpos de policía que auténticamente se dediquen a protegerla, no a lastimar y humillar a niños que jueguen en la calle. Es inadmisible que los cuerpos armados, en vez de dedicarse a solucionar los gravísimos problemas de seguridad de la ciudad, se dediquen a cometer delitos y abusar de las personas, señalaron Redim y Cadhac,
Por lo anterior, dichas organizaciones exigieron a las autoridades del estado de Nuevo León, que en cumplimiento de sus obligaciones legales lleven a cabo una investigación pronta, imparcial y profesional de los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, pidieron que los responsables reconozcan públicamente la gravedad de estos actos y su carácter de violaciones a los derechos humanos y, se tomen todas las medidas necesarias tanto para reparar la integridad de las víctimas como para asegurar que no se vuelvan a cometer actos similares.