Después de seis meses del nuevo gobierno, encontramos una enorme deuda en derechos humanos mucho mayor de lo que nos podemos imaginar. Las fallas en el ejercicio del cumplimiento a los derechos humanos incluyen la seguridad pública. A pesar de la contundente situación de violencia que aún vive el país, existe una tendencia por promocionar que el número de muertes violentas ha disminuido en 18 por ciento y las ejecuciones en 14, aunque no dicen que las condiciones de inseguridad del sexenio pasado continúan latentes.
Existe una grave dificultad para implementar estrategias efectivas que correspondan a la enorme gravedad que viven millones de mexicanos. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) expone que combatirá los delitos de alto impacto, le dará mayor énfasis a la prevención del delito a través de fomentar el crecimiento del tejido social y del mejoramiento de las condiciones de vida.
En cuanto a las fuerzas armadas se ha hablado de un combate más efectivo, que contrasta con el discurso del general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional: “la presencia del Ejército en el combate al crimen organizado es la misma que en el sexenio anterior, con la diferencia de que se evitan enfrentamientos que puedan poner en riesgo a civiles sin relaciones con criminales”.
Con esta afirmación tan clara podemos ver que efectivamente se sigue con la misma estrategia sólo que más silenciosa, en la que los militares en las calles y continúan las violaciones a los derechos humanos. Parece mentira que nuevamente se recurra a las fuerzas armadas en Michoacán, pues se repite la misma estrategia que trajo resultados desastrosos en la entidad.
Mientras que la propia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no investigue y sancione la privación de la vida, las inhumaciones clandestinas, los tratos crueles y los abusos en el uso de la fuerza de sus propios militares no tendrán la validez moral para que se confiar en ellos. Y esto no será posible mientras no se elimine el fuero militar.
De esta manera vemos que ni en la realidad ni en los planes futuros del PND, se está haciendo algo para atacar la impunidad que encuestas oficiales como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) afirman es del 98 por ciento, tampoco existen estrategias validas y efectivas para combatir el lavado de dinero.
A pesar de lo que se ha hecho por el gobierno para disminuir la percepción sobre la violencia y la inseguridad, podemos preguntarnos ¿son convenientes los niveles de violencia letal que vivimos? ¿Se han profesionalizado los cuerpos policíacos para que la ciudadanía confié en ellos? ¿existe un deterioro real en las fuerzas de la delincuencia organizada?
Sin duda es necesario un cambio verdadero en las estrategias de seguridad para obtener mejores resultados.