En México, las desapariciones se han convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas. Así lo informó ayer Amnistía Internacional (AI) durante la presentación del informe: “Enfrentarse a una pesadilla: Desaparición de personas en México”.
El gobierno federal ha reconocido que hay al menos a 26 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas en los seis últimos años. La semana pasada, el secretario de Gobernación sugirió que la cifra era mucho menor, pese a la falta de investigaciones exhaustivas, apuntó AI mediante un comunicado.
“Incluso aunque se emprendan investigaciones exhaustivas que concluyan que no todas las denuncias de desapariciones tienen que ver con secuestros cometidos por delincuentes y funcionarios públicos, no se puede seguir haciendo caso omiso de esta terrible realidad”, afirmó Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
“Estas cifras ponen de manifiesto uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto: poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes o funcionarios públicos.”
El informe también da cuenta de la lucha de los familiares para obtener verdad, justicia y reparaciones ante la pasividad del Estado, que ha permitido que prospere un clima de impunidad y sigue exponiendo a las personas a que sean víctimas de desaparición.
Gracias a esta impunidad, se ha amenazado, estigmatizado y maltratado a familiares desesperados por encontrar a sus seres queridos. Ante la connivencia o la inercia oficial, los familiares han tenido que llevar a cabo sus propias investigaciones, a menudo corriendo un gran riesgo personal.
Su lucha queda reflejada en historias como la de la madre de Israel Arenas Durán. Israel desapareció a manos de la policía de tránsito en el estado de Nuevo León, norte del país, el 17 de junio de 2011. Cuando su madre acudió a la oficina del investigador que se ocupaba del caso para preguntar por el paradero de su hijo, el funcionario ordenó un vehículo policial para que la desalojasen de la oficina “porque no quería que solicitásemos una investigación”.
Aunque el gobierno mexicano ha reconocido en parte la magnitud de las desapariciones que tienen lugar en el país, todavía no ha admitido la implicación de agentes federales, estatales y municipales en muchos de los casos. La participación de agentes del Estado en tales casos convierte las desapariciones en desapariciones forzadas, que son una violación del derecho internacional.
“Los pasos que ha dado hasta ahora el gobierno –como publicar datos sobre desapariciones, reunirse con algunos familiares y prometer la creación de una unidad especial destinada a buscar a los desaparecidos– son bienvenidas pero insuficientes”, declaró Rupert Knox.
“Es crucial que el gobierno se enfrente a esta pesadilla contando con la participación de víctimas y grupos de derechos humanos en la elaboración y aplicación de políticas públicas, que las autoridades federales y estatales deben hacer cumplir para garantizar una respuesta efectiva a esta crisis.”