En estos meses que transcurren en aparente paz, en donde no existe la crítica mordaz al presidente en turno, ni hay tampoco noticias que desborden a los televidentes y radioescuchas, es imprescindible observar lo que sucede en torno a los derechos humanos.
En este tiempo se ha dado más atención a la aprobación expedita de varias reformas constitucionales con el apoyo de los tres partidos mayoritarios y el gobierno federal. Se presenta enseguida algunos sucesos que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos.
La impunidad de los ex gobernadores Ulises Ruíz, Mario Marín, Zeferino Torreblanca, Marco Antonio Adame Castillo, Andrés Granier y Jesús Alberto Aguilar ha sido cobija por Rafael Moreno Valle, Gabino Cue, Ángel Aguirre, Graco Ramírez, Arturo Nuñez, Mario López Valdez, de quienes se esperaba que hicieran algo al respecto. Los fraudes descomunales son un duro golpe al presupuesto, lo cual es una limitante al crecimiento del nivel de vida de millones de mexicanos y mexicanas. Además hay otras circunstancias económicas que afectan de manera general: los gasolinazos, el aumento a los alimentos y el regalo de la condonación de la deuda de 3000 millones de pesos a Televisa.
Por otro lado, el PRI ha sabido poner mal ante la opinión pública las acciones debatibles de algunos movimientos sociales: destrozos de los maestros de Guerrero y la detención de seis agentes policiales por normalistas michoacanos. Mientras tanto, los dos crímenes cometidos en Ayotzinapa en diciembre de 2011 se mantienen en la impunidad, pues Alberto López Rosas, quien era el Procurador General de Justicia de Guerrero no sólo no tuvo el juicio político que demandaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sino que fue premiado como Secretario de trabajo y Previsión Social. Mientras se criminaliza a los maestros se permite la impunidad a los responsables de la salvaje represión a los estudiantes normalistas.
Otro de los movimientos sociales más importantes que ha logrado posicionarse en la opinión pública por el dolor extremo que evoca, son los desaparecidos. Las madres de los y las desaparecidas han recorrido las calles, se han puesto en huelga de hambre y aún así el resultado es insuficiente y hasta parece una ironía. Las autoridades se han comprometido a crear la “Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas”, sin embargo, no existe ni presupuesto ni reglas legales para ejecutarse. Se han delegado a 12 agentes para investigar 24 mil 800 extraviados y 2 mil 147 desapariciones forzadas.
Un colectivo de 45 organizaciones oaxaqueña decidieron detener los trabajos del parque eólico en tierras juchitecas, (Unión Hidalgo, Oax) que son realizados por la empresa trasnacional Unión Fenosa-Gas Natural. También gracias a la oposición del Pueblo de San Dionisio del Mar, existe la promesa de la empresa Mareña Renovables de reubicar 270 aerogeneradores de la barra de Sta Teresa, ubicada en el Istmo de Tehuantepec.
Los conflictos ambientales según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son más de 200 en nuestro país, y Xochicalco, Morelos, es uno de ellos.
Después de más de dos meses encarcelado, Marduk Chimalli Hernández Castro salió libre por la acusación de haber robado un celular. Este es un caso más de criminalización de la juventud , es un caso de otro presunto culpable.
Este repaso de los sucesos del mes de mayo no pretende ser exhasutivo, pero sí ilustrativo de cómo los partidos políticos y los gobernantes han capitalizado el momento político en detrimento de los derechos humanos de millones de personas mexicanas, en donde se ha criminalizando la protesta social y a algunos grupos vulnerables. La protesta social y la organización de los grupos afectados por megaproyectos continuará, a pesar de los intentos de volverlos invisibles y de hacerlos parecer como “vándalos”, porque las raíces de sus movimientos son muy hondas.