Uno de los elementos de la nueva estrategia de seguridad, prometida durante la campaña electoral, es la Gendarmería, la cual sustituiría a la Policía Federal Preventiva (PFP) en el combate al crimen organizado. Hace unos días se anunció por parte de un funcionario de la Secretaría de Gobernación que ésta será presentada dentro de cuatro meses, en el desfile del 16 de septiembre.
La Gendarmería tendrá funciones policiales y estará conformada por 8 mil 500 militares y mil 500 marinos. El supuesto ideológico que está en el trasfondo es que las fuerzas militares son profesionales, disciplinadas y no corruptas. Sin embargo, desde que se inició con esta fórmula, allá en 1999, cuando militares y marinos se incorporaron a la PFP, no ha resultado lo que se esperaba: ni disminuyó la violencia ni aumentó la eficacia, mucho menos hubo prácticas de respeto a los derechos humanos.
Resulta grave que existan sólo una sucesión de instancias policiales con diferentes nombres, pero con las mimas fórmulas. Los hechos y las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) han demostrado la tendencia de las fuerzas armadas a cometer innumerables violaciones a los derechos humanos de civiles. Diferentes militares han expresado el agotamiento que existe en el Ejército por la exposición social que han sufrido, además de que han expresado que el crimen organizado ha mostrado la capacidad de infiltrarse en las estructuras del Estado.
Existen muchas dudas sobre cómo se capacitará a los militares y marinos para que en su ejercicio se respeten los derechos humanos; ¿Cómo se coordinarán los militares con sus jefes civiles? ¿Cómo harán que se compagine la lógica militar y la civil? ¿Cuáles serán los incentivos para que los miembros de las fuerzas armadas formen parte de la Gendarmería? ¿A través de cuales mecanismos se aseguran que ahora sí una nueva fuerza policial dará resultados?
Con muchas dudas que muestran la opacidad del nuevo proyecto. Tendríamos que recordar que la única manera de hacer que funcionen las reformas policiales es la rendición de cuentas y la participación activa de la sociedad.
A más de cinco meses del nuevo gobierno, la única estrategia visible es la disminución de la difusión de la violencia, no así el fortalecimiento de la paz y la seguridad. Este nuevo proyecto está cometiendo un error recurrente del pasado gobierno: no tomar en cuenta las propuestas de expertos, de académicos y de la sociedad civil en general.
El nuevo proyecto se encuentra empantanado en la falta de legitimidad social, pues ni siquiera las fuerzas armadas están dispuestas a otros seis años de desgaste en vano.