Más de 30 organizaciones de la sociedad civil exigieron mediante un comunicado, dar seguimiento hasta sus últimas consecuencias por los delitos contra migrantes centroamericanos. Asimismo, demandaron atención integral de las víctimas en México y en sus países de origen, en donde se incluya la reparación del daño.
También solicitaron que la Procuraduría General de República (PGR), Procuraduría General de Justicia (PGJ), Policía Federal, Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Marina y Ejército unifiquen toda la información y denuncias que tiene cada dependencia.
Lo anterior, luego del ataque delincuencial del 1 de mayo en el estado de Veracruz, la cual dejó un saldo de al menos 16 heridos que se negaron a ser extorsionados. «Tenemos miedo, mucho miedo (…) por eso no queremos denunciar, estamos traumados por lo que vimos y vivimos, hubo balazos, machetes, gente arrojada, gente corriendo hacia el monte», señaló uno de los tantos testimonios recogidos, entre las y los migrantes sobrevivientes.
Dichos acontecimientos, perpetrados a la altura del kilómetro 25 de la carretera Barrancas-Cosoleacaque, es sólo una muestra de los abusos, extorsiones, agresiones, asesinatos y secuestros que viven migrantes que transitan todos los días por territorio mexicano.
Los grupos delincuenciales no escatiman en edad ni sexo, todos hombres, mujeres, menores de edad, personas adultas mayores, corren la misma suerte: extorsión, el cobro de piso, la agresión y la violencia.
A esta situación el Relator de Migrantes de la CIDH, Felipe González, lo ha llamado tragedia humanitaria, luego de visitar y escuchar la situación de migrantes secuestrados, a madres y padres de familia, que seguían pagando la deuda por el secuestro de sus hijas e hijos, a mujeres violadas sexualmente.
La semana pasada, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, volvió a hacer hincapié en las agresiones contra migrantes en el establecimiento de bases de datos genéticos, y compartirlas con países centroamericanos para la identificación de migrantes desaparecidos. Igualmente proteger a grupos vulnerables como migrantes, niños, mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos.
Modus operandi
Los delincuentes suben al tren como cualquier migrante, ya estando el tren en movimiento, sacan sus armas y empiezan a cobrar el “uso de piso, derecho de piso o la cuota de piso”, que consiste en pagar de 100, 300 o mil 750 dólares, o en último momento les quitan lo que traigan en sus pertenencias. Todas las personas tienen que pagar, sino les empiezan a arrojar del tren en marcha, usan las pistolas y los machetes para amedrentar y así hacer que la gente pague.
Estos actos criminales son del conocimiento judicial y situacional de funcionarios operativos y de alto nivel de dependencia como: Procuradurías Generales de los estados, PGR, SEGOB (Policía Federal e INM) y el Ejército.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, Comedor para Migrantes San José, Casa del Migrante «Hermanos en el Camino», Casa del Migrante Santo Toribio Romo, Movimiento Migrante Mesoamericano, Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Servicio Jesuita a Migrantes México, Foro Migraciones: Albergue La 72, Berenice Valdez Rivera, Caridad Sin Fronteras AC, Carmen Fernández, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Atención al Migrante (EXODUS), Centro de Derechos del Migrante Inc., Centro de Derechos Humanos del Migrante AC, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación AC, INCIDE Social AC.