Luego de las crecientes amenazas y hostigamiento contra Fray Tomás González, Rubén Figueroa y el personal y personas migrantes alojados en el Refugio para Personas Migrantes “La 72” en la ciudad de Tenosique, Tabasco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó -19 de abril de este año- medidas cautelares a su favor.
Dichas medidas fueron anunciadas ayer en conferencia de prensa; por Delia Sánchez, de Propuesta Cívica, Marta Sánchez, de Movimiento Migrante Mesoamericano, Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y La hermana Leticia Gutiérrez, SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados.
Las organizaciones señalaron, que la Comisión solicitó en particular que el Estado informe sobre las medidas implementadas para que estos defensores puedan desempeñar su labor de defensa de derechos humanos. En este sentido, deberán informar sobre las investigaciones acerca de los hechos de violencia de los últimos meses.
La CIDH solicitó al Estado mexicano implementar acciones necesarias a fin de garantizar su vida e integridad así como la de las personas migrantes que se alberguen en el refugio, por ello, el Estado deberá concretar las medidas cautelares con los beneficiarios e informar a la Comisión acerca del cumplimiento de las mismas.
Esto en respuesta a la impunidad total de la que gozan los responsables tanto de ataques contra migrantes como de hostigar y amenazar a las personas defensoras de éstos, pues si bien el Mecanismo Nacional para la protección de defensores de derechos humanos ha sido activado en el presente caso, lo cierto es que ninguna medida de infraestructura, cámaras o patrullas policiacas será suficiente para garantizar la seguridad del Refugio “la 72” si los agresores permanecen en libertad y sin ser sancionados por los delitos que están cometiendo.
De igual forma la Comisión tuvo conocimiento de que, posterior a una serie de amenazas y hostigamientos, se había logrado detener a sólo tres personas que fueron identificadas por personas migrantes como sus victimarios; sin embargo y a pesar de la denuncia formal interpuesta por Fray Tomás, estas tres personas fueron dejadas en libertad y posteriormente declararon falsamente en contra de Fray Tomás y Rubén Figueroa afirmando que se quedan con los donativos para el refugio y no dan nada a las personas migrantes.
Estas declaraciones falsas ocasionaron que Fray Tomás fuera llamado a comparecer ante el Ministerio Público en carácter de “probable responsable” de un delito inexistente, mientras las denuncias penales en contra de los extorsionadores de migrantes no avanzan.
Aunque en México se cuenta con una Ley y un Mecanismo gubernamental para la protección de personas defensoras de derechos humanos, casos como el de “la 72” y otras casas de migrante evidencian que dichos mecanismos no han sido capaces hasta ahora de cumplir su mandato, porque no incluyen como eje integral la investigación de los hechos y la detención y sanción a los responsables.
“Es imprescindible que el Estado acate plenamente lo ordenado por la Comisión Interamericana garantizando la seguridad de “la 72” y resguardando su labor de defensa de derechos humanos en Tenosique”, apuntaron las organizaciones en apoyo.
Entre las otras organizaciones que promotoras de las medidas cautelares se encuentra, la Casa del Migrante de Saltillo, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”