Integrantes del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, que se oponen a la construcción de la presa Las Cruces en el municipio de Ruiz, emitieron un comunicado en el que acusan al gobierno del estado de haber realizado una arbitraria reunión con comuneros de las localidades que resultarán afectadas con la construcción de la hidroeléctrica con el objetivo de que les autorizaran la obra.
En el comunicado señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde 2008, con el apoyo de la visitadora agraria, Margarita Fermín Villarreal, han violado sistemáticamente los derechos indígenas y la autonomía de la Asamblea Comunal de los pueblos coras, en la sierra de Nayarit.
Por ello, el domingo 7 de abril, en San Pedro Ixcatán, la asamblea determinó negar la renovación de anunecia a la CFE para que ésta continúe con estudios de exploración en sus tierras, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ya que esta presa inundaría al menos 15 de sus sitios sagrados.
Posteriormente, el presidente municipal de Ruiz, Librado Casas Ledezma, llamó a los líderes de San Pedro y de Presidio de los Reyes. Reunidos en su oficina les dijo que él tenía un acuerdo con el gobernador para que esa presa se realice…»¡ya saben que yo estoy apoyando la presa!”.
Según testimonios de habitantes de la zona, tanto el alcalde como otros personajes, incluyendo algunos líderes de San Pedro que se retractaron de la oposición a la presa, contrataron un número no determinado de vehículos para visitar a las comunidades y preparar una reunión el domingo 14 de abril.
Ese día, en San Pedro Ixcatán, la CFE orquestó una reunión como Asamblea Comunal con gente seleccionada y transportada por ellos de los anexos de los ejidos, sin convocatoria en términos de Ley, y a menos de ocho días de haberse llevado a cabo la reunión anterior, misma que se realizó en segunda convocatoria, y durante la cual se acordó negar la anuencia a la CFE. En esta ilegal asamblea estuvieron presentes, además de la visitadora agraria y el alcalde de Ruiz, el secretario de gobierno del estado, José Trinidad Espinoza Vargas, y varios funcionarios de la CFE, entre ellos el ingeniero Jaime Hurtado, el biólogo José Alejandro Martin Gómez y la antropóloga social Karina Castillo Macedo, quienes lograron imponer sus condiciones a cambio de ofertas de proyectos, una ambulancia y otros apoyos económicos, para conseguir la renovación de la anuencia.
A tres años de estar instalada la CFE en territorio cora, nunca se ha presentado el proyecto completo de la hidroeléctrica Las Cruces, ni se les ha informado de las afectaciones que ésta tendrá para sus comunidades y su cultura. Las comunidades coras constituidas en el Consejo Indígena, han determinado defender sus sitios sagrados en la cuenca del río San Pedro, que desaparecerían en caso de construirse la presa Las Cruces.
Dicho consejo tiene presencia dentro del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, que es un órgano representativo de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, comercial y académico, entre otros, de más de 20 comunidades a lo largo de la cuenca. Frente a los hechos, el Consejo Intercomunitario ha valorado sus opciones de denuncia, tanto a nivel nacional como internacionales, para proceder en consecuencia ante estas prácticas que vulneran sus derechos humanos fundamentales.