En el contexto de la Recomendación 7/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señalaron que las políticas a favor de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son un fracaso en la Ciudad de México. Ya que en los hechos ocurridos el 1 de diciembre acreditó -gracias a las grabaciones de imágenes y de audio- que la policía de la Ciudad de México pretendía fabricar delitos en contra de casi un centenar de personas, doce de ellas menores de edad.
Ese día, las y los adolescentes fueron detenidos ilegalmente, golpeados e incomunicados y se les trató de fincar una responsabilidad a partir de mentiras fabricadas por la Policía de la Ciudad de México.
Mediante un comunicado, la ODI y Redim señalaron que el Gobierno del Distrito Federal no inició ninguna investigación en contra de los agentes de la policía, a pesar de la contundente evidencia que demostraba dichas ilegalidades y por el contrario, se procedió a investigar a los adolescentes que estuvieron presentes en los hechos del 1° de diciembre.
La ODI representó a ocho adolescentes que el 27 de marzo del 2013 presentaron una denuncia de hechos ante el Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la que denunciaron las arbitrariedades cometidas. Derivado de ella se inició la averiguación previa FSP/BT2/751/13-04 en la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Ante ello, la ODI y REDIM solicitaron que se investigue a cada uno de los servidores públicos que ordenaron, planificaron y ejecutaron ese ilegal operativo sin importar la posición jerárquica de los responsables, así como sancionar a quienes resulten responsables por las violaciones a derechos de la infancia ocurridos en los hechos señalados.
Asimismo, recordaron al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y al Magistrado Edgar Elías Azar Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del DF que todas las acciones llevadas a cabo por el sistema de procuración de justicia como por otros sectores gubernamentales, tienen que estar contempladas en el marco del Sistema Integral de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se implemente en el Distrito Federal, entendido como la articulación de los sistemas de asistencia, educación, salud, desarrollo social y de justicia a través de políticas públicas, programas e instituciones que atienden a la niñez.