De acuerdo con el informe Pobreza y derechos sociales en niñas, niños y adolescentes en México 2008-2010, elaborado por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 56 por ciento de la población menor a 18 años viven en pobreza.
Entre los principales hallazgos del estudio se encontró que la pobreza infantil presenta características particulares ya que tiene una mayor probabilidad de volverse permanente, sus posibilidades de reversión son más limitadas y las potencialidades para su reproducción en el futuro son mayores. La pobreza en la infancia y la adolescencia genera daños, a veces irreversibles.
En total, en el país hay 21 millones de mexicanos menores de 17 años –53.8 por ciento de esta población– en pobreza, cuya principal carencia es la alimentación, pero además, 13 por ciento está en pobreza extrema.
El reporte indica que los estados con mayor índice de pobreza son: Chiapas (con más del 80 por ciento), Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y Zacatecas. Asimismo, indica que es la infancia indígena la que más carencias sociales tienen, ya que siete de cada 10 que habitan en México son considerados pobres, y uno de cada cinco son pobres extremos.
El análisis señaló que en 2010, tres de cada cuatro niña, niños o adolescentes mexicanos padecían alguna carencia social y uno de cada cuatro presentaba tres o más carencias sociales. Asimismo, 9.8 por ciento tenían carencia por rezago educativo; 29.8 por ciento carencia por acceso a los servicios de salud; 64 por ciento carencia por acceso a la seguridad social; 20.1 por ciento carencia por calidad y espacios de la vivienda; 19.8 por ciento carencia por servicios básicos en la vivienda, y 29.5 por ciento carencia por acceso a la alimentación.
Por ello, el informe enfatizó que dado que en México tres de cada cuatro personas menores de edad presenta al menos una carencia en el ejercicio de sus derechos, es necesario reforzar una adecuada combinación de políticas universales, que garanticen el acceso a los servicios básicos de educación, salud o seguridad social y de políticas focalizadas que atiendan las necesidades de la población en mayor desventaja. Consulta informe