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Envían carta a Calderón tras reto lanzado por éste en Cumbre Norteamericana
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Anuncia la Sedena programa de “capacitación” para incrustar periodistas en operativos
Después de que el 9 de agosto, durante la Clausura de la Cumbre México-EU-Canadá, Felipe Calderón afirmará que su gobierno cumple “escrupulosamente” con sus compromisos en materia de derechos humanos y que “quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso”, 5 organismos civiles de derechos humanos le hicieron llegar el día de ayer una extensa carta en la que describen los detalles de 7 casos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares en contra de civiles en los cuales ha prevalecido la impunidad, la mayor parte ocurridos durante el año 2009 y todos durante el sexenio actual.
La carta rescata el caso de Silverio Iván Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, ocurrido en Agosto, y quienes fueron detenidos arbitrariamente en Morelos, retenidos y torturados en una instalación militar y que fue denunciado por la Comisión Independiente de DH del Estado de Morelos. También reseña el caso, en junio, de Julio César Magdaleno, un policía ministerial arraigado y torturado en instalaciones militares en Mexicali, Baja California documentado por la Comisión Ciudadana de DH del Noroeste (CCDHN) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH (CMDPDH). Dos casos involucran al Estado de Guerrero, ambos ocurridos en junio. Uno es la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. El otro la irrupción militar en comunidades de Coyuca de Catalá, donde están documentadas dos torturas. Ambos fueron presentados por el CDH Tlachinollan.
El CCDHN y la CMDPDH presentaron otro caso, éste de abril y también de Baja California. Se trata de 25 policías municipales de Tijuana que fueron arraigados y torturados en una instalación militar. Otro caso ocurrido en abril es la desaparición forzada de Isaías Uribe Hernández, por presuntos militares, en Torreón, Coahuila. Finalmente se refiere al caso ocurrido en marzo de 2008 en Santiago de los Caballeros cuando desde un vehículo militar se agredió con armas de fuego a seis personas, de las cuales cuatro resultaron muertas. Éste último caso tuvo una importante repercusión en 2009, pues a través de un amparo, la esposa de una de las víctimas, representada por el Centro Prodh presentó un amparo que fue abordado en la SCJN, lamentablemente el Máximo Tribunal le negó personalidad jurídica a la demandante, con lo que evitó entrar al fondo del asunto que era la inconstitucionalidad del fuero militar para abusos militares contra civiles.
En otra información relacionada con los abusos militares, autoridades militares y de seguridad pública anunciaron en Chihuahua la implementación de un programa piloto de “capacitación” de periodistas que cubren los operativos contra la delincuencia organizada. El programa incluye clases de balística y acceso a centros de tiro. El tema recuerda a los llamados periodistas incrustados, utilizados por EU en el marco de la guerra de Irak, cuando se capacitaba e integraba a columnas militares a periodistas, con la intención de evitar visiones e informaciones independientes.