Mediante un comunicado Amnistía Internacional (AI) señaló su preocupación por el patrón de detenciones e intimidaciones de los que han sido objeto activistas y periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
De acuerdo a información recibida por la organización, Filiberto Vicente Aquino, un activista y locutor de una radio comunitaria, recibió una amenaza de muerte el pasado 20 de marzo tras cubrir una conferencia de prensa sobre las acciones de oposición a la construcción de un parque eólico cerca de San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec.
Luego de la conferencia, Vicente Aquino recibió una llamada en la cual se le dijo: “…El gobierno ya no quiere personas como tú, yo ya tengo órdenes expresas de acabar contigo y con tu familia”.
Al día siguiente, el 21 de marzo, policías municipales acompañados de personas no identificadas detuvieron injustificadamente a seis periodistas, Rosa Rojas, Francisco Olvera, David Henestrosa, Ignacio Garrido, Karina Martínez y Eliseo Ramírez. Los periodistas fueron liberados horas después.
El 18 de marzo, fueron también detenidos activistas de la comunidad cuando hacían campaña contra la construcción del parque eólico, quienes fueron liberados unas horas después.
De forma separada ya se han presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca por estos incidentes.
Por ello, AI llama a las autoridades a garantizar la seguridad de Filiberto Vicente Aquino así como de activistas y periodistas que fueron detenidos arbitrariamente. Asimismo la organización recuerda a las autoridades que es su deber tomar todas las acciones necesarias para asegurar que quienes se dedican a informar en la región y quienes han decidido manifestarse abiertamente en contra de la construcción de parques eólicos en la región, puedan hacerlo sin temor a ser víctimas de represalias.
Es también necesario que se cumpla la suspensión vigente a la construcción del parque eólico y que las obras solo se reanuden una vez se cuente con consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas.
Finalmente, la organización llama a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a investigar de forma pronta e imparcial las denuncias detenciones injustificadas y de amenazas de las que han sido objeto periodistas y activistas, y que quienes sean responsables de estos hechos –incluidos funcionarios públicos – rindan cuentas ante la justicia.