Ayer se realizó la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, por el caso de las 11 mujeres torturadas sexualmente en mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México.
En la audiencia, Bárbara Italia Méndez, una de las sobrevivientes, narró los hechos de cómo fue detenida y vejada sexualmente junto con otras 26 mujeres durante los operativos policiacos, y rechazó rotundamente la propuesta del Estado mexicano, sobre una solución amistosa, luego de casi siete años de impunidad y re-victimización.
«No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años, no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia. Máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional. También sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco», dijo Bárbara.
Durante la audiencia, Barábara estuvo acompañada por integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y por el Centro por la justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
De acuerdo con el área de defensa integral del Centro Prodh, la reparación del daño debe ser integral, pues ellas han tenido que renunciar a su vida y vivir con las secuelas psicológicas.
Mientras la audiencia se celebraba en la sede de la CIDH en la capital mexicana, Patricia Torres, Georgina Edith Rosales, Norma Aidé Jiménez y Mariana Selvas, sobrevivientes de la violencia en Atenco, se reunieron para escuchar lo que sucedía en la comparecencia. Ellas no daban crédito ante el intento del Estado mexicano por minimizar la responsabilidad estatal en los abusos cometidos en la localidad mexiquense.
Por su parte, la comisionada presidenta de la sesión, Tracy Robinson, aseguró que la CIDH estaría en disposición de coadyuvar a una solución amistosa, sin embargo, dijo que para que esto sucediera ambas partes deben estar de acuerdo.
La siguiente etapa será esperar el informe de la Comisión, luego éste podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con sede en San José, Costa Rica, para que emita una sentencia vinculatoria que busque la reparación del daño y garantías de no repetición.
El Estado mexicano, fue representando por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Juan Manuel Gómez Robledo, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón.