Los tres primeros meses del gobierno de Enrique Peña han dejado sorprendido a más de alguno. En las películas se suele decir que en los primeros cinco minutos se encuentra el planteamiento del problema y en los próximos 25 minutas se marca la pauta que seguirá la cinta cinematográfica; esto viene al caso porque en estos días se acaban de cumplir los primeros 100 días del gobierno priista que regresa después de 12 años.
En este breve tiempo el Pacto por México contrastó con la represión del primero de diciembre; la promulgación de la ley de víctimas con las intentonas de dar marcha atrás con la reforma constitucional sobre derechos humanos; el caso Pemex con la encarcelamiento de la dirigente sindical Elba Esther Gordillo; o un gobierno compuesto con las personas más diversas del espectro político.
En cuestión de seguridad la inercia de los delitos de alto impacto sigue igual, es decir continúan en gran medida como ha sido desde el 2007 cuando inició la estrategia fallida de Felipe Calderón. No resulta difícil señalar que la estrategia del actual gobierno sigue siendo prácticamente la misma, que aún queda muy lejos cambios sustantivos para que las fuerzas armadas abandonen las tareas de seguridad, pero aún más que haya medidas efectivas para dejar la impunidad y la corrupción de los cuerpos policíacos.
En este sentido ha prevalecido la estrategia del ocultamiento de la barbarie, pues sigue habiendo un número espeluznante de homicidios dolosos, desaparecidos y desplazados; signo de esta situación es el número cada vez mayor de personas que toman la seguridad como parte del trabajo comunitario. La represión del día primero contrasta con el ambiente de acuerdos del Pacto por México donde hay 95 temas, muchos de ellos de corte social y de derechos humanos, pero junto con ellos también el tema de telecomunicaciones y las reformas estructurales.
El nuevo gobierno ha sido generoso con la mano derecha, pero pretende quitar todo con la mano izquierda. Esto se ejemplifica con la ley de víctimas que había sido duramente cuestionada y bloqueada por el gobierno anterior y con rapidez y diligencia Peña Nieto la publicó, pero por otro lado, en estos meses se ha insistido en una reforma retrograda que pretende quitar el principio pro persona del artículo primero, el cual da una mayor cobertura a los mexicanos al ser protegidos no solo por la Constitución, sino por los tratados internacionales firmados por México. Primero fue el coordinador priista de la bancada de diputados, Francisco Arroyo Vieyra y en días pasados por otro priista, Raúl Cervantes. Esto es parte del programa del nuevo gobierno, ir calculando las fuerzas para ejecutar un cambio que aún está por ser aprovechado en cabalidad.
Por otro lado, se observa acciones premeditadas y calculadas con toda exactitud como fue la detención de la dirigente sindical, con señales del sometimiento que habrán de tener todos aquellos que alguna vez jugaron en el sistema y que tienen cola que les pise; mientras sucede el juego determinado de acciones, las que se salen fuera del guión cuestionan severamente la eficacia del gabinete peñanietista, por ejemplo lo sucedido en la torre de Pemex, que dejó más dudas que respuestas.
Peña Nieto ha sabido conducir con su equipo la situación del país, como si se hubieran preparado por 12 años para hacer frente no solo a la situación de inseguridad que prevalece, sino lo más importante, dar cabida a los ajustes estructurales tanto tiempo recomendados por los organismos bilaterales. Estos ajustes implicaran una disminución de los derechos en varios sentidos. Sin embargo la inseguridad seguirá siendo un cuestionamiento constante a sus acciones estratégicas. Los derechos humanos corren el riesgo de disminuirse tanto en lo económico por las reformas estructurales como en su integridad si se ve reformado el artículo primero de la Constitución.