Para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) resulta preocupante que una vez más legisladores del PRI presenten una nueva iniciativa regresiva en materia de derechos humanos. Dichas iniciativas ponen en entredicho el compromiso real que legisladores priístas del Congreso de la Unión tienen con el tema. Luego de constantes discursos y la firma del Pacto por México, que establece como uno de sus ejes principales la defensa de los derechos humanos como política de Estado.
El martes pasado, el senador priísta Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó un proyecto para reformar los artículos 1 y 133 de la Carta Magna.
Por ello, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos expresaron mediante un comunicado el rechazo por una segunda iniciativa para reformar dichos artículos constitucionales, ya que pondría en riesgo los avances alcanzados mediante la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada en 2011.
La iniciativa presentada busca nuevamente jerarquizar a la Constitución por encima de los tratados de derechos humanos, los cuales se ubican al mismo nivel que la Constitución a raíz de la reforma en materia de derechos humanos.
Si bien la iniciativa en cuestión reconoce la existencia de un bloque de constitucionalidad, con la redacción propuesta se restringiría el bloque de derechos humanos al excluir de éste una serie de normas contenidas en tratados internacionales al establecer que “esta Constitución y, en aquello que la complementen, las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, son las normas de jerarquía suprema del orden jurídico del Estado.”
La redacción que se propone para modificar la Constitución restringe el bloque de derechos humanos mediante la redacción “en aquello que la complementen”, al ignorar aquellas normas contendidas en tratados internacionales que no formen parte del texto constitucional. Asimismo, la iniciativa al valorar únicamente a los «tratados internacionales en materia de derechos humanos» excluye otra serie de tratados que, no siendo propiamente de derechos humanos, puedan contener normas que reconozcan derechos humanos y amplíen la protección de la persona.
A las organizaciones les preocupa la visión plasmada en la iniciativa y que deriva en una falta de comprensión del significado del principio pro persona y en general de la reforma constitucional de 2011.
El comunicado insta a Enrique Peña Nieto, así como a los poderes Legislativo y Judicial, a aplicar el principio pro persona de conformidad con los más altos estándares internacionales, porque ello garantiza la aplicación de la norma más favorable contenida en la Constitución o los tratados internacionales suscritos por el Estado, o cualquier otro ordenamiento, buscando siempre la protección más amplia para la persona.
Cabe recordar, que hace un par de meses fue presentada una propuesta similar por parte del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, misma que fue detenida ante la crítica de un grupo amplio de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de la academia. A la fecha, si bien la iniciativa no ha sido aún dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales por su carácter regresivo, continúa a la espera de ser discutida.