Una Misión Internacional de Observación, presentó hoy en el auditorio del Centro Prodh las conclusiones de su trabajo de documentación. En estás señalan que persiste un problema sistemático y sistémico ocurrido a nivel nacional, reflejado en el incremento de las violaciones a los derechos humanos y la clasificación de la defensa a esos derechos como una actividad de alto riesgo. De la misma forma pudieron conocer de primera mano la falta de compromiso y voluntad de muchos actores dentro de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En particular se refierieron a la defensa de los derechos humanos de la población migrante extranjera o inmigrante, en situación irregular, que ingresa y transita por territorio mexicano, misma que se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo, pues se desarrolla en contextos de corrupción de autoridades, florecimiento de delitos contra migrantes cometidos por la delincuencia organizada, complicidad de autoridades con grupos fácticos, así como por la misma intolerancia de poblaciones por donde cruzan las personas migrantes y la comunidad los rechaza por su origen centroamericano o por vincularlos con pandilleros y delincuentes.
En conferencia de presna señalaron que esta situación que defensoras y defensores de personas migrantes en México enfrentan, ha sido constatada por una Misión Internacional de Observación integrada por seis personas expertas en el tema de protección y defensa de defensores-as; impulsada por Consejería en Proyectos (PCS por sus siglas en Inglés) Colombia, y realizada en ambas fronteras norte y sur de México, en el marco de un proyecto de acompañamiento en el tema de derechos humanos, la protección y la defensa de defensores y defensoras. Esta misión tuvo una duración de 4 días en ambas fronteras y a raíz de ella se emitieron algunas recomendaciones que en realidad implican dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el Estado mexicano:
- Garantizar de manera inmediata la vida y la integridad personal de los migrantes en territorio mexicano mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes, por ejemplo, el establecimiento de centros de atención a migrantes en las rutas migratorias, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes, campañas masivas de información sobre los derechos de los migrantes, entre otras;
- Garantizar la seguridad en todas las terminales de transporte y albergues para migrantes;
- Facilitar el acceso a las organizaciones de la sociedad civil para verificar la situación de los migrantes detenidos en las estaciones migratorias. La sola acreditación de la organización debe ser suficiente para que puedan acceder durante los horarios de visita;
- Garantizar condiciones de seguridad para las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes;
- Garantizar el acceso de los migrantes a la justicia mediante medidas que incluyan asesoramiento jurídico gratuito y el establecimiento de un programa de protección a víctimas y testigos de delitos cometidos contra migrantes.
De la misma manera, y en el contexto más específico de la defensa de los deechos de los migrantes, la Misión señala tra lista de cuestiones urgentes a atender:
- Que en el marco de la nueva Ley de Migración y su Reglamento, se implementen de manera inmediata acciones de protección para migrantes en México y se ofrezcan garantías a las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de sus labores humanitarias y de protección de los derechos de las personas migrantes.
- Que el nuevo gobierno asuma como prioridad la ejecución de una política migratoria integral y garantice la seguridad y protección para defensoras y defensores de migrantes.
- Que el gobierno federal emita información pública sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones que los órganos de derechos humanos del sistema internacional e interamericano han emitido por el tema de migrantes en México.
- Que ante reiteradas denuncias de funcionarios públicos de colusión con el crimen organizado o de comisión de abusos contra defensores y defensoras de derechos de migrantes, las autoridades gubernamentales adopten decisiones de suspensión o separación del cargo de dichos funcionarios y agilicen las investigaciones iniciadas en su contra.
- Que el gobierno federal promueva activamente el compromiso de los gobiernos estatales con la aplicación de las medidas de protección de los defensores y las defensoras de migrantes en México.