En los 12 años de gobiernos panistas, hubo esperanzas sobre un ataque decidido en contra de la corrupción y la impunidad que favorecieran el acceso a la verdad, la justicia y se garantizara efectivamente los derechos humanos. Por el contrario, éste tiempo se caracterizó por la denegación de la justicia y la continuidad de la impunidad, situación que abonó nuevas violaciones graves a los derechos humanos, como veremos aquí, en particular contra los periodistas y comunicadores.
Hace unos días el relator de la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue expresó, que la violencia que ejerce el Estado contra comunidades se manifiesta en acoso judicial, amenazas, difamación y a través del control de la publicidad.
Esto resulta particularmente grave, porque una gran parte de los más de 100 mil homicidios dolosos registrados durante el sexenio de 2006-2012, no fueron realizados directamente por agentes estatales, sin embargo, son consecuencia de la política implementada por Calderón, así como debidos a una dinámica de las organizaciones criminales desatada por la misma estrategia.
La suerte de periodistas es muy similar a la de los defensores de derechos humanos. Aquí presentamos algunos datos sobre los comunicadores: a partir de 1999 a julio del 2012, sumaban 691 agresiones a periodistas, de las cuales 510 ocurrieron en los últimos seis años. En ese lapso se cometieron 70 asesinatos de comunicadores, 13 desapariciones y 22 atentados en contra de medios de comunicación. Durante el 2011 hubo al menos 12 periodistas asesinados y en 2012 ocho más.
Frank Le rue, ante pregunta expresa sobre los responsables de esta terrible situación dijo: “las amenazas a informadores proviene de múltiples factores y niveles de autoridad”. Esto también ya había sido mencionado por Human Rights Watch, en su informe mundial 2012:
«(En México) Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas.»
Esto confirma que es el Estado mismo quien está violando el derechos a comunicar y está favoreciendo la desprotección e incluso atentando contra la vida de periodistas y comunicadores.