Los acuerdos de San Andrés han sido una demanda incumplida y una herida latente para los pueblos indígenas. Mientras tanto, sigue habiendo vacíos legales y prácticas consuetudinarias violatorias a los derechos humanos de las comunidades indígenas y contra sus culturas.
Las personas pertenecientes a los pueblos indígenas enfrentan la discriminación desde diferentes ámbitos y sin un marco legal que tome en cuenta su cultura, se afrontan a un sistema jurídico adverso en el que son comunes las injusticias por las maneras de operar de las instituciones de seguridad pública y del sistema de procuración de justicia.
Hace 17 años se firmaron los acuerdos, casi una generación ha crecido desde entonces, sin que se haya avanzado en lo que ahí fue acordado por consenso. Este sector de la población mexicana es el más olvidado, excluido, discriminado y empobrecido: con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 8 de cada 10 personas indígenas son pobres, 50 por ciento carece de servicios sociales en sus viviendas, más de 80 por ciento no tiene seguridad social, al menos 27 por ciento no lee ni escribe y 40 por ciento carece de lo indispensable para comer todos los días.
El incumplimiento de los acuerdos y sus posteriores acciones de paramilitarización de la zona produjeron la masacre de Acteal y el ataque sistemático de varios municipios autónomos. Podemos encontrar, desde entonces conflictos políticos y sociales que tienen origen en las políticas zedillistas.
La falta del reconocimiento constitucional pleno de los derechos indígenas ha vuelto a pueblos indios de todo el país víctimas del desarrollo que los despoja de sus tierras y territorios, abriendo paso a megaproyectos de grandes empresas o bien desplazando forzosamente a pueblos y comunidades, bajo esquemas como la creación de áreas naturales protegidas o reservas de la biosfera que abarcan sus poblados y campos y criminalizan la presencia de quienes durante siglos preservaron esas áreas.
En este sentido el reconocimiento constitucional del derecho a la tierra, territorio y recursos de los pueblos indígenas es acotado y condicionado a lo prescrito por la misma Constitución y leyes diversas en materia de propiedad. Estas mismas leyes favorecen y propician la penetración depredadora de las empresas mineras en sus territorios. Con esto se encuentra en juego los derechos colectivos defendidos en los acuerdos.
La población indígena es especialmente vulnerable a ser víctima de las fallas estructurales del sistema de justicia penal, debido a la discriminación racial, económica y social que aún permea a este grupo poblacional. Esta situación fue especialmente aprovechada en el sexenio de Felipe Calderón por los operadores de justicia, quienes utilizaron de manera facciosa la ley en contra de muchos indígenas.
El Centro Prodh ha denunciado en reiteradas ocasiones los problemas estructurales que aquejan al sistema penal mexicano y la especial situación de vulnerabilidad en que se sitúan, frente a dicho sistema, algunos sectores de la sociedad.
En ese sentido, no es novedad que los pueblos indígenas sufran con toda su crudeza la discriminación de funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley. Ha quedado evidenciado el sistema arbitrario de justicia con la detención arbitraria y encarcelamiento injusto de personas inocentes que desde el Centro Prodh, junto con organizaciones contrapartes en otras entidades federativas.
Desde en Centro, hemos acompañado mediante una estrategia de defensa integral: Hugo Sánchez Ramírez, Basilia Ucan Nah, Jacinta Franciso Marcial, Alberta Alcantara, Teresa González, José Ramón Aniceto y Pascual Agustín. Sus casos son paradigmáticos de la discriminación estructural padecida por las personas indígenas en el sistema de justicia penal mexicano, ya que muestran la facilidad con que las autoridades pueden hacer uso de diversos tipos penales para fabricar culpables y para criminalizar manifestaciones de descontento frente a abusos cometidos por agentes estatales.
Las heridas que han dejado al pueblo mexicano el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés sigue siendo palpables en las injusticias cometidas de manera colectiva y personal contra los pueblos y personas indígenas.