(Segunda de dos partes)
En el informe del Centro Prodh, Transición traicionada, se señala que las y los indígenas se enfrentan a procesos irregulares de detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas, tortura, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considera usos y costumbres.
Los casos de las indígenas Jacinta, Basilia, Alberta y Teresa son algunos de los procesos paradigmáticos de detención arbitraria a mujeres inocentes, durante el sexenio calderonista y, que desde el Centro, se les acompañó mediante una estrategia de defensa integral.
Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhä-ñhú (otomí), estuvieron presas por un secuestro que no existió, hacia seis policías de la Agencia Federal de Investigaciones en Querétaro. Basilia Ucan Nah, indígena maya, detenida arbitrariamente en Quintana Roo.
Estos y otros casos constituyen una de las deudas históricas del país, las cuales se agravaron en el contexto de la guerra contra la delincuencia que desató el sexenio de Felipe Calderón.
Dichas violaciones a derechos humanos, son ejemplos de cómo el Ministerio Público aprovecha la condición de las personas indígenas, especialmente las de bajos recursos económicos, mujeres, o las que no dominan el idioma español, apunta la publicación Transición traicionada.
La marginación y discriminación sufridas en los pueblos indígenas los colocan en situación de desigualdad y desventaja cuando entran en conflicto con el sistema penal mexicano, esto de acuerdo con organismos internacionales y nacionales e instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.