Por Luis Eliud Tapia Olivares/Centro Prodh
A propósito del anuncio que hiciera el 11 de febrero, Enrique Peña Nieto, relativo a la Política Nacional de Vivienda que pretende implementar, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa. Podemos echar un vistazo a lo que sucede actualmente en el conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, ubicado en Cuatitlán Izcalli, Estado de México.
Dicho Conjunto irónicamente calificado como de “tipo social progresivo” cuenta con aproximadamente 11 mil casas donde habitan alrededor de 45 mil personas.
Es Irónico, porque son innumerables las afectaciones que sufren las viviendas en Tepojaco: previa aprobación de los órganos del estado, fueron construidas en un terreno accidentado de naturaleza arcillosa-lechosa, lo que provocó el hundimiento de las casas y pavimentos, además trajo como consecuencia graves daños estructurales en las viviendas.
Asimismo, la constructora adquirió varios compromisos que hasta la fecha no ha cumplido, como la instalación de cinco unidades médicas, locales de usos múltiples, jardines vecinales, zonas deportivas, barreras arboladas, muros de contención, etc.
Por si fuera poco, en 1999 el Gobierno del Estado de México autorizó que el fraccionamiento fuera construido a 280 metros de un tiradero a cielo abierto conocido como “San José Huilango”, mismo que luego de diversas denuncias y quejas fue clausurado y supuestamente saneado; no obstante, únicamente le echaron tierra encima dejando una masa de gas metano bajo la superficie.
El pasado sábado 9 de febrero de 2013, ocurrió una explosión en el basurero –como ya se había previsto- y una nube de gases tóxicos cubrió el fraccionamiento la Piedad en Cuatitlán Izcalli. La solución de la Protección Civil Municipal consistió en volver a tapar el problema con tierra, minimizando el hecho de que miles de familias viven a escasos metros del lugar quienes han sufrido afectaciones en su salud.
A partir del 2006, un año después del inicio del mandato de Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, Jorge Arzave Orihuela, habitante del Conjunto Urbano citado, junto con algunas vecinas y vecinos, exigió su derecho a una vivienda digna utilizando diversos mecanismos legales, principalmente en materia administrativa y de derechos humanos.
Durante más de siete años, ha agotado instancias a nivel municipal, local y federal. Con el acompañamiento del Centro Prodh ha entablado numerosos juicios, interpuesto amparos y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dentro de los pocos logros conseguidos a lo largo de los años, la Dirección General de Operación Urbana, consideró a todo el conjunto urbano como de alto riesgo. Sin embargo, la Dirección General de Protección Civil, se ha negado sistemáticamente a sancionar a la empresa, teniendo la facultad para hacerlo y habiendo una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se lo ordena. Lo anterior permite presumir que se debe al contubernio existente entre la constructora y el gobierno municipal y estatal.
Habría que preguntarle al primer mandatario cómo concibe una vivienda digna y decorosa, si durante su encargo como Gobernador del Estado de México, permitió que creciera la gravísima situación de vivienda en Cuatitlán Izcalli, teniendo pleno conocimiento de ello.