(Primera de dos partes)
Las mujeres indígenas son las que conforman la mayor marginación, pues en ellas se expresan los índices más elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición, cáncer cervicouterino, entre otros.
La situación de los derechos humanos en México es especialmente preocupante debido a que ha habido detenciones ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura en particular en los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, sobre todo de líderes indígenas.
De acuerdo con el informe que presentó el Centro Prodh sobre la agenda pendiente en derechos humanos en México “Transición Traicionada”, el índice de desarrollo humano de las personas indígenas es de 11.3 por ciento menor que el de la población no indígena
A consecuencia de la pobreza extrema y vulnerabilidad, las mujeres indígenas son explotadas por las mafias y cuando son descubiertas, el Estado las castiga severamente. En la “guerra contra el crimen organizado” han sido usadas para pasar pequeñas cantidades de drogas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en 2009 había más de 11 mil mujeres presas. En el sexenio de Calderón se incrementó en 25 por ciento el número de mujeres indígenas por tráfico de drogas al menudeo.
En los llamados “informes sombras” que son presentados por organizaciones de la sociedad civil al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), en 2012, se documentó que para las mujeres indígenas existen obstáculos que impiden garantizar su derecho a la alimentación digna, por lo que padecen inseguridad alimentaria.
Además, también se documentó, que las campesinas trabajan más que los hombres, 89 horas semanales, contra 58, y 40 por ciento de ellas no tiene ingresos propios.
La situación de pobreza que afecta a la población indígena es muy grave, pues tomando en cuenta como indicadores el acceso a satisfacer el derecho a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación; 93.9 por ciento está privado de al menos uno de los mencionados derechos.
Asimismo, Amnistía Internacional entregó al comité en 2012, que la discriminación es generalizada y el gobierno ha incumplido en sus obligaciones internacionales para atender a los indígenas y los migrantes en su tránsito por el territorio.