La Ley de Víctimas constituye un enorme logro de la sociedad civil mexicana. Apenas el nueve de enero pasado fue promulgada con un retraso de más de seis meses, gracias a la necedad contundente del ahora ex presidente Felipe Calderón. Y el sábado 9 de febrero entró en vigor.
Gracias a la movilización de numerosos agraviados por la política de seguridad del sexenio que apenas terminó es que se fue gestando la Ley que busca garantizar los derechos y reparar los daños de las víctimas de delitos y violaciones graves a los derechos humanos.
El marco legal mexicano ha quedado reforzado en los tiempos de la guerra que aún continúa. En estos años pasados la estrategia de seguridad ha consistido en apagar el fuego echándole más leña; en México vivimos la tragedia de más de 100 mil muertos, 25 mil desaparecidos, 250 mil desplazados y numerosos feminicidios, personas torturadas, ejecuciones extrajudiciales y un sinfín de violaciones a los derechos humanos.
Con esta nueva Ley, aumentan las esperanzas de que verdaderamente se atienda, proteja y repare los daños a quienes han sido víctimas del uso de la fuerza, por parte de las fuerzas armadas y de la delincuencia organizada –muchas veces en connivencia con las autoridades-.
Tendríamos que decir que la desproporción del genocidio que se observa cotidianamente en los periódicos, rebasa y por mucho las condiciones que puede favorecer la Ley de Víctimas. ¿Cómo puede ser reparada tantas vidas que han sido mancilladas, mutiladas y descuartizadas? ¿El Estado está trabajando en crear las condiciones para la no repetición?
El dinamismo que origine más dignidad para las víctimas directas y las víctimas invisibles (las personas afectadas de manera indirecta, como los hijos, cónyuges o padres) tendrá que ir apoyándose y empujándose en las reformas que seguramente se harán. El déficit de la ley ha sido señalado por algunos grupos conservadores ligados al ex presidente con un afán de echar abajo toda la Ley.
Aún falta que se amplíen a todos los artículos el que la Ley garantiza los derechos a todas las víctimas. La compensación por el daño sufrido, debe estar claramente acotado y con ellos evitar se convierta en un aliciente a la realización de delitos. Y en los casos de los delitos cometidos por servidores públicos, no se debe olvidar éstos que deben pagar con sus propios activos y no del erario, además de del deber de enfrentar los cargos que se le presenten.
La ciudadanía y grupos organizados que se encuentran al lado de las víctimas tendrán como reto cuidar que las reformas a la ley afiancen la protección del Estado mexicano a las víctimas, así como presionar para que la Comisión Ejecutiva mantenga su autonomía sin la cooptación que se ha intentado en mecanismos semejantes de otras leyes.