Organismos civiles — junio 11, 2008 at 12:38 pm

Miércoles 11 de junio de 2008

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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque de nueva cuenta y ante un hecho en el que murieron tres civiles, la Sedena muestra un hermetismo y una opacidad que resultan especialmente preocupantes por la reacción del Estado mexicano ante los condicionamientos de DH realizados por legisladores estadounidenses en el marco de la Iniciativa Mérida. En cuanto a este instrumento de cooperación hubo un replanteamiento de la propuesta que ha pretendido ser difundido como un logro de sus impulsores, aunque en realidad la cantidad de recursos se haya reducido y no sea una aprobación definitiva.

En relación con la muerte de 3 civiles en Casa Colorada, Chihuahua

Se respondio a una agresión: Sedena

El comunicado oficial fue distribuido de manera reservada

En relación a los hechos del domingo 8 de junio en Casa Colorada, Chihuahua donde fallecieron 3 civiles y 2 soldados, además de que 7 reporteros fueron sometidos por haber presenciado los hechos, la SEDENA afirmó en un comunicado de distribución reservada que sus elementos respondieron a una agresión por parte del conductor del auto Mercury. Según la versión difundida por el periódico el Diario de Chihuahua, el comunicado afirma que “aproximadamente a las 19 horas del día 18 de junio (sic), elementos del Octavo Regimiento Mecanizado fueron embestidos por un vehículo marca Ford, modelo Mercury, color negro, sin placas de circulación, cuyo conductor hizo caso omiso de detener la marcha”.

Por su parte el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, declaró que hubo un exceso de fuerza por parte de los militares destacados en el retén ubicado en Casa Colorada, situada en el municipio de Cuauhtémoc, en donde resultaron muertos tres civiles. También señaló que en este caso los organismos de los derechos humanos se enfrentan a una serie de aspectos constitucionales, que no permiten emitir sanciones directas a los militares, toda vez que existe el llamado fuero militar. Destacó además que a la fecha en la entidad, van 60 quejas en contra de militares y elementos de las policías federales, principalmente por allanamiento de morada.

Cabe señalar que el manejo de comunicación por parte de la SEDENA volvió a presentar hermetismo y opacidad, toda vez que esta información recién fue distribuida hoy, a tres días de los hechos. Por otra parte el comunicado citado por los medios de comunicación no es consultable en la página web de la SEDENA hasta el envío de este monitoreo.


Cámara baja de EU aprueba nueva versión de IM

Contempla mil 100 mdd para México y agrega condiciones de DH

El día de ayer la cámara de representantes de los EU aprobó una nueva versión de la Iniciativa Mérida que contempla un presupuesto que autoriza el gasto de aproximadamente mil 100 millones para México en el periodo 2008-2010. Los fondos para México contemplan 780 millones dedicados a la lucha antinarcóticos, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar programas para mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano. Una novedad es que destina 73 millones de dólares al combate del tráfico de armas y recomienda asignar agentes especiales en la frontera. Ésta sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto antinarcóticos, falta aún la negociación con los senadores.

Si bien se ha considerado que esta modificación es un triunfo para los promotores de la Iniciativa, lo cierto es que es en la Cámara baja donde el proyecto había tenido menos problemas desde el principio y la cantidad es menor a la pactada originalmente. Por otra parte incluso en esta cámara donde originalmente no había condicionamientos, se han aprobado pequeñas salvaguardas de DH como el hecho de que ante violaciones graves de DH por parte de personal involucrado habría una revisión por parte de los estadounidenses. Aunque el proyecto no acogió las condiciones impuestas por la Cámara de Senadores, si mantuvo la necesidad de que el Departamento de Estado certifique que los fondos que en esta materia se entregaran al gobierno mexicano, no se vean involucrados en incidentes relacionados con violaciones a los derechos humanos.