Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refieren a las condiciones necesarias para una vida humana digna, abreviados como DESC, estos se refieren a cuestiones básicas como la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, la tierra y el territorio. Dichos derechos, están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Mediante un comunicado de prensa, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aplaudió ayer la pronta entrada en vigor de un protocolo clave para un tratado internacional que, por primera vez, permitirá presentar quejas individuales en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, colocando así todos los derechos en pie de igualdad.
Luego de las ratificaciones requeridas el pasado martes, el PIDESC entrará en vigor el próximo 5 de mayo.
Por ello, Pillay señaló que “la entrada en vigor del Protocolo Facultativo es un gran avance que permitirá que víctimas bajo la jurisdicción de Estados parte busquen justicia en casos de violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales”.
“La entrada en vigor del Protocolo Facultativo permitirá colocar los derechos económicos, sociales y culturales al mismo nivel de otros derechos humanos,” dijo Pillay. “El Protocolo es una fuerte e inequívoca declaración sobre el valor de igualdad y la importancia que guardan todos los derechos humanos, así como de la necesidad de fortalecer la protección legal de los derechos económicos, sociales y culturales en particular,” añadió.
El Protocolo Facultativo fue adoptado hace cuatro años, el 10 de diciembre de 2008, por la Asamblea General de la ONU; le da al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – el órgano que monitorea el Pacto Internacional al que el Protocolo se ha añadido – la competencia para examinar denuncias individuales o (colectivas) que reclamen violaciones de derechos protegidos en el PIDESC.
Uruguay desencadenó la entrada en vigor de este Protocolo cuando, el 5 de febrero, se convirtió en el décimo país en ratificarlo, uniéndose a Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia y España.