Durante 2012 se registraron 24 asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) en 28 países del mundo, muchos de ellos por develar corrupción o abusos policiacos, reveló un informe de la fundación internacional Front Line Defenders. Publicó Cimacnoticias
La fundación alerta que aunado a los asesinatos, los gobiernos tienden a reducir los espacios de participación de las y los defensores a través de legislaciones regresivas, la promoción de una imagen negativa contra ellas y ellos, y la restricción de su financiamiento.
El informe “Tendencias mundiales en 2012 para defensores de Derechos Humanos” indica que en América Latina 10 defensores fueron asesinados por denunciar casos de corrupción, defender el derecho a la tierra, proporcionar asistencia legal o informar sobre cárteles de la droga o grupos de la delincuencia organizada.
Esta fundación pone de ejemplo la legislación de México en un continente donde periodistas, sindicalistas, ecologistas y defensores de los derechos de la tierra viven una situación dramática por las amenazas y los constantes ataques que padecen.
En el reporte se destacan las acciones implementadas por el gobierno mexicano para crear la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el mecanismo para brindarles medidas de seguridad.
Para Front Line Defenders, en caso de que esta ley y este mecanismo se apliquen de manera efectiva ambos instrumentos ayudarían a garantizar la seguridad, la vida y la integridad personal de quienes están en riesgo a causa de su activismo social o el ejercicio periodístico.
En el caso de México esta fundación también expone el caso de la corresponsal del semanario Proceso en el estado de Veracruz, Regina Martínez Pérez, una periodista que, señala, documentó vínculos entre grupos delictivos y funcionarios del gobierno estatal.
En el informe se agrega que en el continente americano las mujeres activistas y las personas defensoras de los pueblos indígenas o de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual, están entre las más vulnerables.
El informe concluye que “la triste realidad es que aunque los gobiernos declaran su apoyo a los Derechos Humanos y el respeto por la labor de defensoras y defensores en los foros internacionales, en la práctica éstos luchan día tras día por sobrevivir”.
Este informe muestra cómo se reduce el espacio seguro dentro del cual pueden trabajar defensoras y defensores a la vez que se ataca su credibilidad mediante campañas de difamación auspiciadas por los Estados.