Luego de que el ayuntamiento de Guadalajara decidiera retirar los cargos a los 25 detenidos del 1 de diciembre en la manifestación contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, en los expedientes del proceso aparecieron nuevos cargos por robo calificado, esto más de un mes después de sucedidos los disturbios y pese a que el alcalde tapatío, Ramiro Hernández García, asegurara que no se comprobó la participación de los 25 jóvenes en los hechos violentos, publicó La Jornada Jalisco.
La nueva acusación, explicó la abogada Alejandra Cartagena, es por supuesto robo de cartuchos de balas y un escudo de antimotines.
Para la jurista, esto parece ser “una simulación por parte de la autoridad”, pues el gobierno local retiró cargos por delitos no graves –daño a las cosas– para interponer una querella por delitos que podrían llevar a la penal a los detenidos –robo calificado–.
Por su parte, los 25 ciudadanos detenidos llevan un proceso en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por violaciones a derechos humanos, así como daños físicos y materiales.
Lanzan campaña por el derecho a la protesta
El incremento de las agresiones contra los movimientos sociales hizo que organizaciones defensoras de derechos humanos relanzaran la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, con la cual pretenden hacer visibles las violaciones a los derechos y la responsabilidad que tienen las autoridades de atender las demandas ciudadanas.
Entre los casos que mencionaron está la detención arbitraria que hicieron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) de jóvenes que protestaron por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
Tan sólo en la Ciudad de México, en 2012 la CDHDF documentó 58 casos de violaciones que aún se investigan.
En conferencia de prensa, Agniezka Raczynska, de la Red todos los derechos para todos y todas, que en 2008 lanzó la campaña por primera vez, señaló que la razón de hacerlo nuevamente se debe a que los casos de agresiones se han triplicado. La red registró 180 agresiones a defensores de derechos humanos entre 2011 y 2012.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», José Rosario Marroquín, rechazó las intenciones de reducir la protesta social a espacios cerrados, al considerar que ese derecho no está fuera, sino dentro del marco jurídico, con las contradicciones que deban resolverse.