Activistas alertan que el regreso del PRI a la Presidencia representa “inseguridad” para las personas que defienden los Derechos Humanos.
Activistas congregadas en la Ciudad de México para analizar el impacto del actual contexto socio-político en su trabajo afirman que los cuerpos de seguridad, a nivel federal y estatal, lejos de respetar y proteger los Derechos Humanos (DH) intimidan a quienes los defienden.
A decir de las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, el cambio de administración y la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República no significa seguridad para ellas, toda vez que el PRI –aseguran– ha hecho de “la corrupción, la impunidad y el autoritarismo” una política de Estado, publicó Cimacnoticias.
América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y exiliada política durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México debido a la represión en San Salvador Atenco, sostiene que los movimientos sociales deben estar alertas ante el posible hostigamiento contra ellos.
“Todos sabemos que en el Estado de México (Peña Nieto) ensayó”, dice la joven activista acusada de secuestro equiparado durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, que dejaron como saldo 47 mujeres detenidas, 26 de ellas agredidas sexualmente.
Como parte de las víctimas de la represión de hace más de seis años, Del Valle señala que no se puede esperar nada diferente durante este sexenio. La prueba –a su parecer– es que los conflictos sociales y los enfrentamientos criminales siguen presentes en el país.
Desde su perspectiva esto significa que las agresiones contra las defensoras serán una constate, por ello asegura que las mujeres deben tener claro cómo van a protegerse ante las posibles amenazas e intimidaciones de agentes estatales.
Un informe elaborado por la Red Nacional sobre las condiciones y riesgos de su trabajo en el periodo 2010-2011, revela que en el 55 por ciento de los casos de agresiones se puede señalar que hubo responsabilidad de funcionarios.
Desde entonces la violencia ha cobrado la vida de al menos 25 defensoras y el año pasado 69 defensoras fueron agredidas en México, de donde destacan Oaxaca, Chihuahua y Guerrero como estados donde las activistas son más vulnerables.