Human Rigths Watch (HRW), difundió el informe mundial anual 2013 en donde señala que el Ejército y las fuerzas de seguridad en México siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos, dentro de la llamada “lucha contra el crimen organizado” y casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente.
Al respecto, Stephanie Erin Brewer, Coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, coincidió plenamente en el diagnóstico, «ya que el organismo internacional documenta cientos de casos, evidencia prácticas, como el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones coaccionadas (muchas veces falsas), así como la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias, la impunidad casi absoluta y la situación de riesgo para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país».
HRW apunta, que las torturas se aplican desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente, hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público (MP), y en este lapso a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos.
Cabe señalar, que casos como el de Hugo Sánchez Ramírez e Israel Arzate Meléndez son dos ejemplos claros de detenciones arbitrarias, en donde se ha aplicado tortura, ambos han sido acompañados por el Centro Prodh.
Asimismo, HRW detalló que entre enero de 2007 y noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió informes sobre 109 casos, en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares.
Una de las principales razones por la que los abusos militares persisten, menciona el organismo internacional, es que la mayoría de los casos no pueden ser comprobados, ya que estos son investigados y juzgados por la justicia militar misma.
La investigación enfatiza, que en la oficina del fiscal militar se abrieron casi 5 mil investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre enero de 2007 y abril de 2012, durante el cual los jueces militares condenaron a 38 militares por violaciones a derechos humanos.
El informe también destaca, que las y los defensores de derechos humanos siguen sufriendo acoso y ataques, mismos que en algunas ocasiones son perpetrados directamente por el Estado. Además, las autoridades al saber de esta situación, no prevén la protección adecuada a quienes son víctimas de estos ataques.
Ante dicho contexto, Erin Brewer advirtió que «mientras no solucionemos estas problemáticas estableciendo el estado de derecho, no tendremos seguridad ni como individuos frente al Estado, ni como sociedad frente a problemas como el crimen».