La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) expresaron su preocupación por que las respuestas institucionales del Estado Mexicano son insuficientes frente al grave suceso que representa el abuso sexual de por lo menos 15 niñas y niños en el preescolar «Andrés Oscoy Rodríguez», ubicado en la Delegación Iztapalapa.
La Redim calificó de insuficiente el exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual inició por oficio la investigación y derivó en la recomendación 76/2012 a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Lamentaron que la Recomendación de la CNDH a la SEP se auto-limitara a temas administrativos, de capacitación y servicios psicológicos sin tocar los aspectos normativos, diseño institucional, controles de confianza del personal, entre otros vacíos. Además, de sólo considerar 15 de las 30 víctimas de agresión sexual, dejando a varias de ellas en indefensión.
«Las nueve recomendaciones resultarán pasajeras si no se realiza una profunda reforma estructural y normativa que garantice la seguridad de los niños y niñas bajo cuidado de la Secretaría de Educación Pública» señaló la Redim y ODI.
La ODI lleva la defensa jurídica de los 30 niñas y niños víctimas de agresión sexual por siete trabajadores de la escuela pública mencionada. El proceso penal iniciado en el 2011 aún continúa, y dependiendo de los alcances en la jurisdicción local se podrá llevar el caso a instancias internacionales.
REDIM y ODI urgieron a las autoridades a localizar inmediatamente a la maestra que sigue prófuga, y especialmente llamaron a reconocer que en las escuelas públicas del país «todo sigue igual», por lo que es posible que se presenten nuevas agresiones sexuales dentro de las escuelas públicas del país.
Las organizaciones mencionadas, consideraron que los cambios indispensables deben darse en las tres áreas que toca la recomendación de la CNDH: capacitación, selección de personal y ambiente físico de la escuela; pero es urgente atender las omisiones de esta recomendación. Todos estos cambios deben ser estructurales y normativos, es decir, de carácter obligatorio y permanente.
Asimismo, llamaron al Poder Legislativo a realizar acciones urgentes y necesarias en la Ley General de Educación y en las leyes relativas. Las cuales deben incorporarse formalmente en la legislación y normatividad de la SEP para que la escuela sea capaz de garantizar la seguridad física y sexual de las niñas y niños.